El senador Luis Petcoff Naidenoff (UCR Formosa) presentó un proyecto de ley que tiene por objeto convertir en Servicio Público la compra de gas licuado de petróleo (GLP) para su fraccionamiento, almacenamiento, envasado y comercialización con destino a los consumidores.
“El Gobierno tiene que comprender que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. No pueden seguir existiendo ciudadanos de primera que, además de tener gas natural, lo pagan cinco veces menos que los de segunda que tienen que andar penando para conseguir una garrafa y encima mucho más cara”, argumentó el legislador formoseño.
El segundo párrafo del artículo 1º del referido proyecto dice: “A los fines de la regulación y control del Servicio Público definido en esta ley, las actividades antes mencionadas, actuales y futuras, quedarán sometidas a la previa habilitación y control del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) en todo el territorio nacional, y regidas por las disposiciones del Marco Regulatorio creado por la ley 24.076, disposiciones complementarias y reglamentarias, presentes y futuras, que le resultaren aplicables”.
Naidenoff explicó que el GLP, como otros servicios públicos, representa una necesidad básica para los habitantes que lo consumen y que en este caso, al encontrarse este servicio librado a cuestiones diferentes que los mencionados anteriormente, subyace una situación desigual, por lo tanto es el Estado quien posee la obligación de equilibrarlo y que la ley 26020 no pudo modificar.
El senador cree que lo más correcto es incorporar el servicio de GLP para usuarios residenciales que no tienen accesos de redes de gas natural al marco regulatorio establecido por la ley 24076, para los servicios de gas natural y gas natural comprimido (GNC).
Manifestó además que la ley sancionada creó en su artículo 46º un fondo fiduciario, que acumula unos 670 millones de pesos por año, para atender al consumo residencial de GLP envasado para usuarios de bajos recursos, y especialmente para garantizar la expansión de redes de gas a zonas no cubiertas por este servicio público.
“Sin embargo, luego de cinco años de promulgada esa Ley se ha registrado un decrecimiento significativo de la tasa de inclusión de nuevos usuarios en las redes de distribución de gas natural”.
El senador radical cree que en el debate de la ley 26020 el principal escollo para resolver estas exclusiones, fue “no haber declarado servicio público a tal prestación” y reveló que de las 3.454.632 de toneladas de producción anual de GLP en nuestro país, “el 58% se exporta, el 5% se destina a la Petroquímica, un 11% se distribuye en otros destinos, y solo el 22% restante se destina a cubrir las necesidades de los usuarios residenciales de gas en garrafa”.