Las propuestas enviadas por el Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a la Legislatura comenzaron a ser debatidas en comisión. DiarioJudicial.com tuvo acceso al texto completo de todos los proyectos donde se proponen reformas al Código Procesal Penal hasta la creación de nuevos juzgados. Las filmaciones caseras serán tenidas en cuenta.
El Senado bonaerense ya recibió y comenzó analizar la batería de medidas, enviadas por el gobernador Daniel Scioli, destinadas a incrementar la seguridad en la Provincia y a otorgar nuevas herramientas al Poder Judicial.
Ahora comenzará el debate en el seno de las distintas comisiones para pautar el tratamiento de alguna de esas iniciativas. Entre los pedidos que el Ejecutivo de la Provincia remitió a la Legislatura bonaerense, figura reformas al Código Procesal Penal y otras medidas de menor calibre.
Reformas centrales
Entre los principales cambios propuestos a los que tuvo acceso DiarioJudicial.com, se encuentra el proyecto de reforma de la ley 11922 (Código Procesal Penal). Se agregará el Capítulo X sobre "filmaciones y grabaciones", cuyo artículo 265 bis establecerá: "El Fiscal podrá requerir a organismos públicos las filmaciones obtenidas mediante sistema de monitoreo, y las grabaciones de llamadas a los teléfonos del sistema de emergencias". Ya hay más de cuarenta municipios con centros operativos de monitoreo.
El artículo 2º propone además modificar el artículo 366 de la misma ley al adicionar una excepción a la no utilización de actuaciones de la investigación penal para fundar condena: se trata de la incorporación por su lectura, exhibición o reproducción de audio o audiovisual.
"El carácter siempre cambiante de los fenómenos sociales e institucionales, y el permanente avance de la tecnología en materia de prevención e investigación de hechos delictivos, reclama la permanente revisión de los marcos regulatorios para concretar una mayor efectividad de la actividad estatal a la hora de dar respuestas concretas a la ciudadanía, dotando a la justicia de nuevas herramientas en la investigación de delitos", propone el texto acompañante del proyecto.
Actualmente la norma general del artículo 209 del Código Procesal Penal avala en cierto punto la utilización de este medio de prueba, pero lo cierto es que en la provincia existe diversidad de criterios sobre su validez. Por otra parte, la ley tampoco establece "recaudos suficientes para asegurar la conservación e inalterabilidad del material obtenido, ni el debido acceso de las partes a su contenido, y, lo que es más importante aún, no se ha previsto expresamente su incorporación a la etapa trascendental del proceso penal: la audiencia de juicio oral", expresan lo fundamentos de la iniciativa.
Un punto novedoso de la propuesta es la utilización de las filmaciones obtenidas por particulares, aún cuando prima facie "puedan no gozar de la natural confiabilidad que merecen las filmaciones y grabaciones a través del sistema público", lo cierto es que acreditada debidamente su autenticidad, "pueden servir de forma análoga como prueba de hechos ilícitos en la medida en que deriven del monitoreo en lugares públicos o de acceso público y no afecten garantías constitucionales".
En cuanto a la reforma estructural del Mapa Judicial bonaerense, fueron planteados diversos puntos. Entre ellos se encuentra la creación de juzgados, y la creación de cargos de ayudantes fiscales.
En caso de aprobado el paquete de medidas, se crearían cinco juzgados de garantías (Quilmes, San Isidro, San Martín, Zárate-Campana, La Plata) y dos juzgados de ejecución penal (Bahía Blanca, Lomas de Zamora) que buscan paliar el índice de litigiosidad y la consecuente carga laboral de distintos departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires.
Respecto del fuero civil, se prevé la creación de dos juzgados de primera instancia en lo civil y comercial en el departamento judicial La Matanza, cuatro juzgados de primera instancia en lo civil y comercial en el departamento judicial Mar del Plata y dos juzgados de primera instancia civil y comercial en el departamento judicial San Isidro.
Además, se instalarían dos juzgados unipersonales de familia y de dos juzgados de garantías del joven, todos ellos con sede en Moreno.
A la par, se instaurarían cargos de Ayudantes Fiscales en toda la Provincia de Buenos Aires, para lograr una descentralización del Ministerio Público Fiscal. De esta manera, se busca generar la "posibilidad de que en aquellos partidos de los departamentos judiciales del interior, que no fueran cabeceras departamentales, se pueda instalar una Ayudantía Fiscal con la finalidad de llevar adelante las investigaciones penales bajo la conducción de los Fiscales Departamentales".
Se tuvieron en cuenta los índices de criminalidad y población, además de considerar la distancia existente entre la misma y la cabecera del departamento judicial.
Otras modificaciones estructurales
Los restantes proyectos apuntan a la ampliación de otros fueros o bien a la ampliación de competencias. Se propicia la modificación de la competencia territorial de las Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en las ciudades de La Plata y San Martín, y la creación de tres (3) Juzgados en el Fuero Contencioso Administrativo de la Provincia.
De las 3463 causas iniciadas en las Cámaras del fuero durante el año 2008, 1776 se radicaron definitivamente en La Plata, 946 en Mar del Plata, 540 en San Martín y 201 en San Nicolás. "Considerando las distancias existentes y la dispar carga de trabajo se propicia el traslado de la competencia sobre los Departamentos Judiciales de Lomas de Zamora, Mercedes y Trenque Lauquen de la Cámara de La Plata a la órbita de la Cámara con asiento en San Martín", consigna la norma propuesta.
Respecto al fuero laboral, se promueve la modificación de los artículos 5º, 24º y 26º de la ley 5827 (Orgánica del Poder Judicial) en lo atinente a la competencia territorial de los Tribunales del Trabajo, con el objeto de que los mismos pasen a integrar los Departamentos Judiciales respectivos. Coronel Suárez pasa a ser competencia del Tribunal de Trabajo de Bahía Blanca; Benito Juárez del Tribunal de Trabajo de Azul; Salto y San Antonio de Areco del Tribunal de Trabajo de Mercedes; Arrecifes, Baradero y Capitán Sarmiento del Tribunal de Trabajo de San Nicolás; y Escobar pasa a ser competencia del Tribunal de Trabajo de Campana.
Al mismo tiempo, se busca la modificación del artículo 8º inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo atinente a la competencia territorial del Juzgado de Garantías con asiento en la ciudad de Mar del Tuyú, con el objeto que la misma comprenda los Partidos de Villa Gesell, Pinamar y De la Costa.
El resto de los proyectos versa sobre: un mayor control de las subastas a partir de la realización de la "subasta electrónica"; la destrucción de armas de fuego incautadas por la Justicia y la prórroga de distintos planes de emergencia edilicia.