Se trató el proyecto de ley que pretende eliminar la actividad de los desarmaderos y la venta de autopartes usadas. Además, comenzaron a discutir una serie de iniciativas que apuntan a reducir y a restringir el uso y comercialización de armas de fuego.
El Senado retomó este martes el debate de un paquete de proyectos tendientes a dar respuesta a la demanda creciente de seguridad. Junto a expertos, los senadores avanzaron con el tratamiento del proyecto de ley que pretende eliminar la actividad de los desarmaderos y la venta de autopartes usadas. Además, comenzaron a discutir una serie de iniciativas que apuntan a reducir y a restringir el uso y comercialización de armas de fuego.
El paquete de medidas viene siendo discutido desde hace algunas semanas en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico. Se confirmó que la Cámara alta discutirá el tema en el recinto en una sesión especial convocada para el 29 de este mes.
Para opinar sobre la posible eliminación de los desarmaderos, se invitó a la constitucionalista Marcela Basterra, quien sostuvo que había que tener especial cuidado ya que se estaba legislando sobre “delitos de peligro abstracto que fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia”.
Además, la jurista lanzó críticas en relación con el artículo 4º del proyecto presentado por el titular de la bancada oficialista Miguel Pichetto que castiga con prisión de entre 1 y 4 años “a todo aquel que compre autopartes, repuestos y/o accesorios usados de automotores”. Propuso modificarlo para no afectar derechos constitucionales.
Al respecto, la titular de la comisión de Justicia, Sonia Escudero, manifestó: “No creo que el derecho penal sea la única respuesta posible al problema de inseguridad. No podemos criminalizar la pobreza, esta medida debe ir acompañada de otras que alienten el recambio o canje de vehículos”. Además, pidió tener en cuenta las restricciones y frenos a la importación, en el caso de los repuestos para abastecer el mercado de autos de alta gama e importados.
En tanto, los senadores comenzaron a discutir dos proyectos tendientes agudizar el control y la restricción de la tenencia de armas de fuego. Al respecto. La iniciativa apunta a la regulación de la fabricación, tenencia, almacenaje y disposición final de todo tipo de armas de fuego que consta de 187 artículos.
Asistieron al plenario Ricardo Río, de la Red Argentina por el Desarme, y Anastasio Siderakis en representación del Registro Nacional de Armas (Renar), quien realizó una serie de observaciones de índole técnica. Por su parte el médico Hugo Spinelli, académico e investigador de la Universidad Nacional de Lanús, presentó los resultados de su último trabajo. Dijo que “entre 1990 y 2008 murieron 59.339 personas por armas de fuego, número que supera la cantidad de soldados norteamericanos muertos en la guerra de Vietnam”.
Completó la lista de invitados Adrián Marcenac, miembro de la Red Argentina por el Desarme y padre de Alfredo Marcenac, joven víctima de 21 años que junto a otras once personas fue atacado, en julio de 2006, en el barrio porteño de Belgrano. Marcenac acercó cifras sobre la cantidad de muertes por armas de fuego. Las estadísticas de Latinoamérica superan con creces las de otras regiones: mientras en Europa la tasa es de 0,4% cada 100 mil habitantes, en África es de 11,9%, y en el caso de Latinoamérica el número asciende a 16,9%. Entre los 10 países con mayor índice de mortalidad por armas de fuego, 7 son de latinoamericanos. Sobre 85, Argentina ocupa el lugar 17.
Además, sostuvo que “del 1.290.000 armas registradas en el Renar, el 60% no se sabe dónde están porque tienen las licencias vencidas”, y agregó que “por cada arma registrada hay entre 1,2 y 2 armas ilegales”. Hizo hincapié en las falencias del ente regulador por la falta de recursos humanos, “ya que hay 6 o 15 inspectores para controlar 900 armerías en todo el país”.