Una jueza federal del estado de California anuló la norma conocida como "Don´t ask, don´t tell" (no preguntes, no contestes), que permitía que los gays y lesbianas pudieran servir en el Ejército, siempre y cuando no revelasen su condición sexual.
La jueza federal Virginia Phillips, del estado estadounidense de California, levantó este viernes la prohibición de que personas homosexuales puedan servir en el Ejército al decir que la medida es inconstitucional por ir en contra, entre otros, de la libertad de expresión.
Phillips hizo caso omiso a los argumentos del gobierno, que indicaban que levantar la prohibición podría tener un efecto negativo en el Ejército. Según medios locales, un grupo de miembros homosexuales del Partido Republicano había presentado una demanda en la que declaraba que la prohibición conocida como "No preguntes, no digas" iba en contra de sus derechos.
La magistrada señaló en su sentencia que, como habían indicado los demandantes, la normativa contraviene la primera y la quinta enmienda de la Constitución estadounidense y vulnera "por muchos motivos los derechos fundamentales de los miembros del Ejército".
La ley, señaló Phillips en su fallo de 86 páginas, no sólo no influye en la preparación del Ejército sino que, en realidad, tiene un "efecto pernicioso" para las fuerzas armadas.
Esta política, instaurada bajo la presidencia de Bill Clinton, permitía que homosexuales sirvieran en el Ejército en tanto sus preferencias sexuales permanecieran secretas.
Pero desde entonces se echó a más de 10 mil hombres y mujeres por conocerse su inclinación sexual, según cifras aportadas por grupos de defensa de los derechos de homosexuales.
En febrero de este año, el secretario de Defensa Robert Gates había establecido una comisión para estudiar cuál era la mejor vía de implementar una nueva política al respecto. Se esperaba que la evaluación se diera a conocer el 1 de diciembre. En marzo, Gates introdujo nuevas normativas a la política del "No preguntes, no digas" de manera de interponer trabas a la expulsión del Ejército por dichas causas.
Según ha denunciado Log Cabin Republicans (agrupación con 19 mil miembros que incluye a militares y ex militares de ese país), más de 13.500 militares han sido expulsados de las Fuerzas Armadas estadounidenses desde que entró en vigor esta ley. La Cámara de Representantes ya aprobó su derogación, pero el Senado aún no abordó el asunto.