Brevatas

La Secretaría de Derechos Humanos, querellante en el caso por el asesinato de Silvia Suppo

El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, informó que se presentaron como parte querellante en la causa por el homicidio de una testigo de un juicio por delitos de lesa humanidad en Santa Fe. Silvia Suppo apareció asesinada a puñaladas en Rafaela el 29 de marzo pasado. El titular del organismo anunció que se presentará como parte querellante en la causa por el homicidio de Suppo, una testigo en el juicio por delitos de lesa humanidad contra el ex juez federal Víctor Brusa y un grupo de ex policías. La Secretaría realizó la presentación ante el Juzgado de Instrucción de Rafaela en la provincia de Santa Fe y solicitó que pase a conocimiento de la Justicia Federal. Suppo fue asesinada a puñaladas el 29 de marzo de este año en su negocio del centro de la ciudad de Rafaela. Se procesó por "homicidio calificado" a un cuida coches de 19 años, Rodrigo Sosa y a su primo de 22, Rodolfo Cóceres.

La Justicia dispuso que Julio César Grassi continúe en libertad

El Tribunal Oral Nº1 de Morón, integrado por los jueces Luis Andueza, Jorge Carrera y Mario Gómez, dispuso que el sacerdote Julio César Grassi, condenado en 2009 a la pena de 15 años de prisión por dos hechos de abuso sexual y corrupción de menores agravados, permanezca en libertad hasta que la sentencia quede firme. Sin embargo, y como un una forma de “mantener en un punto de equilibrio las condiciones emergentes del estado de inocencia ya consagrado y la necesidad de cobijar la guarda y derechos de los menores alojados en la Fundación Felices los Niños en toda su amplitud”, el tribunal dispuso la prohibición del ingreso de Grassi a cualquier sede de la Fundación, en cualquier día y horario. Con respecto a la libertad del imputado, los miembros del tribunal sostuvieron que “si bien es cierto, como dijéramos, que la Sala II del Tribunal de Casación Penal Provincial ha avalado la ponencia sancionatoria de este Tribunal, no lo es menos - como lo reconoce el propio Representante Público - que el pronunciamiento no ha adquirido el carácter de cosa juzgada”. Según los magistrados, “el principio de estabilidad de la cosa juzgada es un derecho que se encuentra abigarrado no sólo con las garantías propias del debido proceso sino con la debida edificación de un Estado democrático”.

A parar la oreja por las vacantes en la Justicia Penal

El presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Eduardo Riggi, dirigió una nota al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti para hacerle saber la gravedad de la situación que atraviesa el fuero dada la gran cantidad de vacantes de jueces que existen en los tribunales que están bajo su órbita. Esta situación fue advertida por el DiarioJudicial.com en la nota publicada en mayo pasado titulada, “La mitad de los tribunales y cámaras federales tiene al menos una vacante”. Riggi alertó sobre la gravedad de la crisis al detallar que en la actualidad hay 74 vacantes de jueces entre la Cámara de Casación, los tribunales orales (federales, criminales, en lo penal económico y de menores), cámaras federales y juzgados de ejecución. “Se advierte con gran preocupación la situación de sobrecarga y desborde jurisdiccional que se soporta con inédito esfuerzo por un sistema creado sin concebir las exigencias actuales que incluso revelan las verdaderas aptitudes –en ambos sentidos- de los operadores de dicho sistema”, señala el informe presentado. Las vacantes expuestas ante el presidente del máximo tribunal son: 5 en la Cámara de Casación Penal, 17 en las cámaras federales en territorio provincial, 19 en tribunales orales en lo criminal federal en territorio provincial, 32 en tribunales orales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en lo criminal federal, en lo criminal, en lo penal económico y de menores) y 1 en el Juzgado de Ejecución Penal Nº1 de la Capital Federal.

Quieren condecorar a jueces que contribuyan con la democracia

Juan Pedro Tunessi (UCR) presentó un proyecto de ley por el cual pretende instituir la condecoración "El Congreso Argentino a la Justicia y la Consolidación de la Democracia", destinada a aquellos jueces y representantes del Ministerio Publico que, a través de sus acciones, dictámenes y fallos judiciales, hayan contribuido al fortalecimiento del estado de derecho y el afianzamiento de las instituciones democráticas. Para ello la iniciativa prevé requisitos tales como que el fallo, dictamen o acción deberá tenega una antigüedad no inferior a 20 años; el haber tramitado en un expediente judicial; y que el funcionario galardonado al momento de su nominación, no deberá este desempeñando el cargo respectivo; y que la materia deberá estar exclusivamente vinculada al objeto de la presente ley. Según lo precisó en un comunicado, Tunessi tiene previsto que la condecoración se otorgue “a los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Dres. Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D Alessio (Post Mortem) y Sres. Integrantes del Ministerio Público Fiscal, Dres. Julio Cesar Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo, en virtud de la acusación y posterior sentencia dictada en la causa Nro. 13/84 del Registro de dicho Tribunal”.

Competirán los abogados Daniel Ostropolsky, Luis Pereira Duarte, Juan Carlos Paris, Carlos Malis y Jorge Álvarez

Los abogados del interior del país elegirán este martes a su representante para el Consejo de la Magistratura que reemplazará, a partir del 17 de noviembre próximo, al letrado Pablo Mosca. Los comicios tendrán lugar entre las 9 y las 18 y los matriculados deberán elegir entre 5 candidatos: Daniel Ostropolsky, Luis Pereira Duarte, Juan Carlos Paris, Carlos Malis y Jorge Álvarez. La junta electoral será presidida por Alberto Deppeler y luego de las 18 se darán a conocer los resultados provisorios. El sufragio de este martes cerrará el cronograma de votaciones para abogados y jueces del Consejo de la Magistratura que se inició el 31 de agosto con la elección de los abogados porteños (en las que se impuso la lista que postuló a Alejandro Fargosi y Juan Pablo Zanetta) y siguió el miércoles 15 con las elecciones de jueces. Ese día, por 40 votos ganó la lista Bordó que postuló a los magistrados Ricardo Recondo y Alejandro Sánchez Freytes. También consiguió un lugar el primer candidato de la lista Celeste, Mario Fera. En tanto, este lunes, el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora denunció que “una patota integrada por cerca de 100 personas” ingresó este mediodía a la entidad “agredió a empleados de la institución, exhibió armas de fuego y amedrentó a todos los presentes, y al tiempo que gritaba consignas de campaña arrojó volantes a favor de Jorge Álvarez”. El Colegio de Abogados de Lomas de Zamora aseguró que “los violentos, identificados con el candidato de San Martín, causaron destrozos en los pasillos de los Tribunales de Lomas de Zamora y agredieron y amenazaron a militantes que realizaban tareas de proselitismo por el candidato de la lista 4, Carlos Malis”. Ya se formuló la denuncia y se le dio intervención al fiscal Héctor Toneguzzo.
 

La institución dijo que “la renovación” del Consejo “provocará nuevas dilaciones”

El director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Gastón Chillier se presentó esta semana ante el Consejo de la Magistratura y denunció que “transcurrieron todos los plazos legales previstos en el reglamento de la comisión de Disciplina y Acusación y aún el Consejo de la Magistratura no se ha expedido sobre el desempeño de la jueza [Alicia] Iermini” en el caso Walter Bulacio, el joven asesinado en 1991. Mediante una carta, el CELS dijo que la única solución al caso sería “la presentación sin demoras del dictamen acusatorio que ordene el juicio político contra la magistrada y su posterior e inmediato tratamiento en el Plenario del Consejo”. “Tal como la Corte Interamericana advirtió en su sentencia y en pronunciamientos posteriores de seguimiento, el deber de investigar y sancionar abarca tanto a los responsables de la detención ilegal y la muerte de Walter, como a quienes favorecieron la impunidad de lo sucedido, incluyendo claro está a los funcionarios judiciales”, enfatizó el CELS. La misiva indicó que “la renovación de ese cuerpo colegiado provocará nuevas dilaciones que a esta altura resultan intolerables” y en ese sentido pidió a los consejeros instructores Nicolás Fernández, Ernesto Sanz y Mariano Candioti que actúen “antes de la nueva renovación del cuerpo”.