"Habría que hacer una mejor distribución de los recursos humanos en el Poder Judicial"

¿Cómo se encuentra actualmente el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad?

Se ha encontrado la manera de manejarlo, de administrarlo, de ir superando las dificultades lógicas que puede haber en toda administración. Algunas son dificultades crónicas, como la falta de presupuesto para las cosas que se necesitan, pero en líneas generales está mucho más ordenada tanto en su funcionamiento como en su dotación de personal, armado de estructura, etc.
 

Hablando de la dotación de personal, ¿existe una sobrepoblación?

Cuando iniciamos nuestra gestión se daba esa situación. Cuatro años van a ser en diciembre. En ese momento efectivamente había una saturación de personal dentro del Consejo porque se habían acumulado designaciones y estaba sobredimensionado. Al poco tiempo empezamos a tomar medidas, en primer lugar, fuimos transfiriendo gente del Consejo de la Magistratura al Ministerio Público que estaba en pleno crecimiento y necesitaba personal. Así, se abrió un pase para que personal nuestro pudiera pasar a dependencias del Ministerio Público o a los juzgados.
 

¿Cómo es la situación actual?

Ha habido una buena reducción de personal. De todos modos, todavía podríamos decir que puede haber alguna mayor distribución de los recursos humanos en el Poder Judicial en general pero para eso estamos esperando que una vez que se concluyan los concursos que estamos haciendo para la creación de nueve juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario, y de varias unidades del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría y nos permita cumplir con lo que dice la ley. Que es que el 50 % del personal del nuevo personal que hay que contratar para estas unidades sea del Consejo de la Magistratura. Con lo cual vamos a agotar nuestras posibilidades de colocar gente en otras áreas.
 

¿Qué puede decirme acerca de la presentación realizada por varios legisladores para paralizar estos concursos ya que no está todavía aprobado el presupuesto 2011?

Esa es la cuestión principal. Pero no nos pareció fundado el tema. La falencia más grande que tiene es la falta de personería activa por parte de los diputados que pueden actuar sobre estos temas en el campo de la Legislatura, pero no en representación de ciudadanos porque realmente no es para esa función para lo cual han sido elegidos. No obstante, no podemos negar que la Legislatura es quien aprueba el presupuesto del Consejo de la Magistratura, pero cuando se discutió en sede parlamentaria la necesidad de la creación de los nuevos cargos a través de la Ley 3318, obviamente que se tuvo en cuenta que eso requería más personal para cada una de las unidades que se creaban y la dotación de la infraestructura necesaria para que se puedan cumplir con las funciones. Está plenamente justificado con el debate parlamentario.

¿Cómo ve este aumento en número de juzgados contenciosos? ¿Cree que se pretende quitar poder a jueces de ese fuero que no le resultan muy “simpáticos” al Ejecutivo de la Ciudad?

Creo que los juzgados de primera instancia están atiborrados de trabajo. Realmente hay una saturación bastante fuerte, motivo por el cual se justifica plenamente. Había más que razones para justificar la creación de cargos en esa área.
 

En una suposición ideal en la que se transfiriera la Justicia Ordinaria al Poder Judicial Porteño, ¿el Consejo está preparado para recibir tal cantidad de juzgados y tramitar concursos y demás funciones que le son propias?

Sinceramente, eso es algo que nos preocupa como Consejo, somos los más interesados en que la gestión del Poder Judicial pueda afrontar esas transformaciones en forma adecuada sin interferir en la administración de Justicia. Pero también lo ha hecho la propia Legislatura. El proyecto que está en Diputados no sólo hace la previsión de la transferencia de delitos sino que también habla de la transferencia de recursos. Es cuestión de implementar la manera en que se va a efectivizar esa transferencia de recursos, para facilitar todo lo que este a nuestro cargo en cuanto a erogaciones monetarias. En las dos primeras transferencias no se previó la trasferencia de recursos. De todos modos esto sería por ley, de manera tal que no está sujeto a un convenio con una voluntad expresada en otro momento. La voluntad se expresa con la misma ley que va a salir.

¿Cuál es el avance en materia digital en el Poder Judicial porteño? ¿Hay un trabajo conjunto con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad?

Con el Tribunal Superior estamos en un perfecto entendimiento, lo que ellos han logrado hacer es fantástico. Una buena idea que ha llevado a cabo todo el tribunal pero con la insistencia y la vocación de la Dra. Ana María Conde. Y lo que nos interesa a nosotros es acordar con ellos algunas cuestiones vinculadas con la forma en que ellos implementaron la digitalización de sus propios expedientes. Tenemos que compatibilizar sistemas ya que tenemos un sistema complejo, como lo es el Juscaba, que se aplica en todas las tareas de jurisdicción. Lo importante es que se compatibilice, y también con el Ministerio Público. El TSJ es el que tiene menor concentración de casos, que es obviamente un número menor de los que se tramitan en primera instancia. Tenemos que tener en cuenta todo lo que acontece en primera y segunda instancia, y esa es una tarea bastante compleja.
 

¿Cómo vio, siendo en un momento parte, lo acontecido con respecto al conflicto de poderes que se dio en el marco de la propuesta de Daniela Ugolini como integrante del TSJ?

Es una pena que el conflicto haya llegado hasta la necesidad de interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, porque la candidata en torno a la que se produjo todo el conflicto de poderes se bajó, porque no estaban dadas las mismas circunstancias de cuando fue propuesta por el Ejecutivo. Más allá de los avatares de la cuestión, se había dado una situación que llega a conocimiento del TSJ que el consejo tiene la obligación de defender, no solamente la independencia del poder judicial, sino la de los propios jueces. Para mi modo de ver, de interpretarse que hubo conflicto, este ha sido estrictamente local, por lo tanto no se si va a prosperar en la instancia de la Corte, pero lo veo como que era necesario más bien regularizar algunas cuestiones y planteos, no en el marco de un proceso. Lamentablemente no se dio la oportunidad y no se pudo.
 

Tiempo después de ocurrido el proceso que derivó en la destitución de la Rosa Elsa Parrilli, ¿cómo analiza esa situación?

Ese fue un caso desgraciado, no se puede calificar de otra manera, en donde a la jueza Parrilli se la juzgó por una actitud personal y no por su desempeño y función que fue objeto de tanta difusión mediática que realmente todos estuvimos compelidos a tener que resolver el caso como se resolvió. Se respetaron los tiempos procesales, desde el punto de vista del armado y de lo que hizo el Consejo de la Magistratura estuvo jurídicamente bien. De todos modos, fue una situación donde como corolario, a mi me parece que debería perfeccionarse el reglamento para poder imponer otro tipo de sanciones o penalidades más acordes a un problema de conducta o exasperación como la que tuvo esta doctora y no llegar a la destitución. Las normas que regulaban el caso en ese momento y la influencia de la opinión pública fueron sumamente fuertes como para influir en la decisión.
 

Parrilli también pidió seguir cobrando su sueldo, ¿eso también fue denegado por la presión mediática?

No, esas son consecuencias jurídicas lógicas. Acá lo que se ha procurado es esperar el resultado definitivo del proceso. Ella interpuso recursos ante el Tribunal Superior, está en su justo derecho, y hay que esperar todavía que eso se resuelva. Mientras tanto, la percepción de haberes no correspondía estando así las cosas como están, habiéndose producido una destitución que tampoco quedó firme, porque hay un recurso. Lo que creíamos y creemos, es que le corresponde contar con la obra social y recién se pueden tomar decisiones definitivas cuando tengamos la sentencia definitiva.
 

Tengo entendido que usted ha presentado un proyecto sobre autarquía financiera del Poder Judicial, ¿puede explayarse sobre ello?

Nosotros lo hemos presentado en el 2008, los planteos que hace la Justicia Nacional son de ahora, pero corresponden. Me alegro muchísimo de que el Dr. Lorenzetti advierta la necesidad de que por ley se disponga la plena autarquía financiera del Poder Judicial, porque sino se socava la independencia del Poder Judicial. Es un poder dependiente de que le aprueben el presupuesto, de que le asignen el dinero suficiente, etc. La Justicia no es un organismo dependiente del Ejecutivo como sería un ministerio, la Justicia es un poder de por sí independiente, por lo tanto tienen que funcionar de acuerdo a sus propias pautas y políticas. Si se quiere tener una Justicia realmente independiente, tenemos que conseguir que se nos asigne un presupuesto autónomo, o sea, autarquía financiera.