El Consejo de la Magistratura se presentó ante la Corte Suprema por el conflicto en la Justicia federal de Mendoza. En la presentación se habla de “gravedad institucional”.
Finalmente, este martes el Consejo de la Magistratura, tal y como lo había decidido en el pleno de la semana pasada, efectivizó formalmente la presentación ante la Corte Suprema por el conflicto suscitado en la Justicia federal de Mendoza que calificó como de “gravedad institucional”.
La gravedad institucional de la que habla el Consejo es que un juez ad-hoc, Carlos Parellada, haya frenado la investigación que le seguía el organismo al camarista mendocino Otilio Romano, cuestionado por su actuación en causas por delitos de lesa humanidad.
Asimismo, el Consejo le solicitó al Máximo Tribunal la reasunción de la superintendencia judicial para que se “adopte las medidas necesarias para la integración del Tribunal” que debe intervenir en el expediente Romano, Otilio Roque s/Estado Nacional – Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, actualmente radicado en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de la ciudad de Mendoza.
La Cámara Federal de Mendoza actualmente esta compuesta por Romano (presidente del tribunal) y los camaristas Alfredo López Cuitiño, Julio Petra Fernández (ambos de la Sala A) y Antonio Endeiza (de la Sala B). Todos ellos están inhibidos de intervenir en expedientes de lesa humanidad. Endeiza está solo en la Sala B porque el camarista Luis Miret, que la integraba, esta suspendido y en miras de ser enjuiciado por el jury.
La presentación realizada ante la Corte lleva la firma del presidente del organismo, Luis Cabral, y además se solicita una Audiencia Pública con el Tribunal para ampliar la presentación. Entre sus fundamentos se sostiene que “se vislumbra claramemte una dilación sine die que constituye una denegación del servicio de justicia. Las excusaciones reiteradas y sucesivas y la demora en la designación de los jueces que deben intervenir amerita la intervención del poder de la Corte Suprema, intérprete final de la Constitución Nacional”.
“Las consecuencias gravosas de la situación descripta – continúa -, originadas en el marco de una acción de amparo, pueden traducir agravios de imposible o tardía reparación ulterior”, consigna la presentación y agrega: “La cuestión federal que presenta hace a la existencia de una de las funciones esenciales del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación en tanto tiene a su cargo el procedimiento de remoción de los Magistrados, exhibe extraordinarias circunstancias de gravedad institucional que evidencian la necesidad de su definitiva solución expedita”.
“Habiéndose excusado los Jueces y secretarios de la Cámara y de Primera Instancia de la jurisdicción de Mendoza surge la directiva de recurrir a cualquiera de los jueces de grado del respectivo distrito judicial donde se verifica el déficit de integración de las circunscripciones que conforman el Poder Judicial Federal en la provincia de Mendoza; si no fuere posible hacerlo se deberá acudir a los jueces de un distrito vecino y, de resultar conveniente, podrá convocarse a un magistrado jubilado”, concluye.