En la última reunión se trató la reforma de la gestión en materia de Justicia. Fueron contempladas la reforma a la Ley de Ejecución Penal y la creación de nuevas salas para el Tribunal de Casación Penal, entre otros temas. Se prometieron además más plazas carcelarias.
El Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, presidió la nueva reunión plenaria del Consejo de Seguridad Pública donde se presentaron a discusión diversas iniciativas parlamentarias para fortalecer la gestión en las áreas de Justicia y Seguridad.
Las propuestas más importantes debatidas fueron: el proyecto de reforma de la Ley de Ejecución Penal, una nueva Ley de Trabajo Penitenciario para potenciar la formación de los penados a fin de facilitar su inserción en el marco laboral en libertad, y la generación de un cupo laboral en la Administración Pública Provincial para las personas liberadas y que incluye un incentivo para las empresas que opten por contar con el cupo laboral.
En cuanto a la Ley de Ejecución Penal, se busca flexibilizar el régimen de prisión preventiva y, en términos generales, apunta a coordinar la normativa provincial con la legislación nacional y dar cumplimiento a un fallo de la Corte Suprema en ese sentido. Otras de las modificaciones más fuertes que se impulsa tiene que ver con el mecanismo que deberán utilizar los jueces para disponer salidas transitorias, libertad asistida o libertades condicionales: en todos los casos estas medidas se dispondrán en audiencia oral obligatoria.
La reforma busca acercarse a los parámetros del fallo del Máximo Tribunal bonaerense en el denominado "Caso Verbitsky". En esa causa promovida por el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Corte provincial consideró probado que el 75 por ciento de los presos locales son procesados (no tienen condena firme) y sostuvo que esta cifra indicaba que la prisión preventiva funcionaba "como una pena anticipada".
A la par, la Corte provincial había dictaminado que el alto número de presos es consecuencia de las leyes provinciales en materia de excarcelación y ejecución de la pena. Y en ese marco, sostuvo que si un imputado llega libre al juicio y otro llega preso después de dos años, el castigo penal por el mismo hecho no sería igual. Ante esta situación, la Corte remarcó que cuando las provincias establecen su régimen de prisión preventiva están obligadas a respetar los estándares internacionales y constitucionales a los que se ajusta la legislación nacional.
En cuanto al dictado de prisión domiciliaria, se propicia agregar como beneficiarios los casos de las mujeres embarazadas, madres de un niño menor de 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo. Además, los jueces estarían obligados a revisar la denegatoria con una periodicidad no mayor a seis meses. También se busca avanzar sobre la reglamentación de los traslados de internos de unidades penales, que deberán ser notificados a los jueces. Pero si hay objeciones a esa decisión, será el propio magistrado quien, en 72 horas, resolverá sobre la legitimidad de la medida adoptada por el Servicio Penitenciario.
“Por otro lado, también acordamos enviar a la Legislatura la ley que contempla la creación de Cuerpos Especiales de Investigación en el ámbito del Ejecutivo, que estarán compuestos por un grupo interdisciplinario de profesionales especialmente calificados en criminalística con funciones de investigación en delitos complejos", explicó el titular de la cartera de Justicia y Seguridad.
“Hemos acordado, además, una nueva regulación procesal para el testigo con reserva de identidad. El Consejo está de acuerdo en enviar ese proyecto para el correspondiente debate legislativo”, pronunció el Ministro.
Asimismo, se instaló en la agenda un proyecto para crear nuevas salas del Tribunal de Casación Penal descentralizadas en el resto de la Provincia. Se reveló que “se pretende maximizar la gestión y fortalecer el trabajo de la justicia descentralizando acciones”.
Otra de las propuestas en la agenda de la reunión plenaria de Consejo de Seguridad Pública fue la de crear la Policía Prevencional. “Se trata de una policía de aproximación que va a ser capacitada en los institutos policiales, será una rama más de la Fuerza pero en tareas prevencionales”, sostuvo el titular de la cartera.
Esta estructura policial actuará dentro de los límites territoriales de cada jurisdicción municipal, dependerá funcionalmente del señor intendente del municipio involucrado, pero mantendrá su dependencia orgánica con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Su accionar contemplaría la prevención de la comisión de delitos a través de la implementación de mecanismos disuasivos y el desarrollo de actividades de observación, patrullaje y vigilancia.
Asimismo, “se presentó a discusión la elaboración de un plan plurianual a cinco años con crecimiento sostenido en la inversión de justicia y seguridad”, expresó Casal. “En tal sentido, a modo de ejemplo, podemos decir que para el año 2012 se prevé la construcción de 2 mil plazas penitenciarias y luego mil más anuales con un valor agregado, que esas plazas deben contener la garantía de la educación y la formación laboral”.