Antes de su partida, los consejeros salientes pudieron aprobar la creación de una Secretaría de Asuntos Judiciales para que se encargue de la representación judicial del organismo.
Los recientes fallos dictados por la Justicia Federal de Mendoza con respecto a expedientes tramitados en el Consejo de la Magistratura contra distintos jueces tuvo como consecuencia la puesta en tema nuevamente de la representación judicial del Consejo.
Tal es así que los salientes consejeros lograron aprobar en pleno la creación de una Secretaria de Asuntos Jurídicos para que asuma la representación judicial del organismo “en toda causa, caso o controversia en la que se diriman cuestiones vinculadas con las atribuciones y funciones del Consejo de la Magistratura Nacional establecidas en el artículo 114 de la Constitución Nacional y en la ley 24.937”.
Esta secretaría será dependiente de la presidente del Consejo y su representación será ejercida “de conformidad con las instrucciones generales que el Plenario dicte”. El pleno, además, deberá definir las bases de la acción a interponer y dará las instrucciones que en cada caso correspondan.
En otro orden de cosas, en pleno también se aprobó un dictamen relacionado a las cajas de previsión social para abogados y procuradores. El texto establece que se dicte una resolución que “operativice las disposiciones de la ley 23.987 en los ámbitos territoriales de validez de las cámaras federales y juzgados federales del interior del país”. Según fuentes consultadas por DiarioJudicial.com, este dictamen posee vital importancia ya que “avanza sobre la superintendencia de la Corte”.
Dicha resolución se elaborará sobre la base de que “las cámaras federales de apelaciones y de los juzgados federales de Primera Instancia no dispondrán el archivo de las causas si no está acreditado en el expediente el pago de los aportes de previsión y seguridad social de los abogados y Ppocuradores intervinientes con destino a los organismos previsionales provinciales correspondientes a sus respectivos ámbitos territoriales de competencia”.
Otro punto que vio un final fue la situación de los traductores. Los consejeros aprobaron un reglamento para el pago a intérpretes. Así, el Consejo “asume la responsabilidad del Estado Argentino a los fines del pago de los honorarios de los traductores o intérpretes, en los supuestos previstos por los artículos 8 inciso 2) - a) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 inciso 3) - f) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, siendo éstas “las únicas traducciones cuya gratuidad debe garantizar el Estado Argentino en cumplimiento de los tratados internacionales” y “sólo cuando el imputado sea convocado por el juez”.
Esta última afirmación tiene que ver con lo que se planteó durante las discusiones sobre el tema. En su momento el presidente de la Comisión de Reglamentación, Luis Bunge Campos, argumentó que lo discutido rige “en la medida en que la indagatoria siga siendo una actividad judicial y la provea el juez, porque, si avanza el proceso de la reforma y la primera declaración del imputado es ante el Ministerio Público, que sea el Ministerio Público el que se haga cargo del pago de los honorarios del intérprete”.
Héctor Masquelet sostuvo, en el mismo tenor, que “ante la eventualidad de aprobación de los dos proyectos de reformas que hoy prevén un sistema acusatorio pleno, obviamente se produciría una reforma significativa sobre este tema”.
Ex combatientes
Una última cuestión que se planteó antes de la finalización del ciclo de los actuales consejeros fue la relativa a la Comisión de Reglamentación. Allí se dio cuenta de la presentación realizada por ex combatientes de Malvinas que trabajan en el Poder Judicial. Estos solicitaron un beneficio que existe en la Justicia de la provincia de Buenos Aires en referencia al régimen de ingreso para que el puesto que ocupan: pidieron que, al momento de jubilarse, su lugar pueda ser ocupado por los hijos.
En aquella ocasión Bunge Campos sostuvo que es una cuestión más amplia relacionada con el hecho de realizar concurso para poder trabajar en el Poder Judicial, tema del cual ya hay antecedentes ya que existe un proyecto del actual procurador del Tesoro en momentos en que era consejero, Joaquín Da Rocha. Sin embargo, se decidió postergar el tratamiento para que sea discutido por la próxima composición.