La senadora Liliana Fellner (FPV-Jujuy) reveló que fue el ministro de Salud, Juan Manzur, quien solicitó al Senado el tratamiento del proyecto para regular las empresas de medicina privada. Manzur acudió a la Cámara Alta, y pidió sancionar la norma “porque sino vendrá una situación de [un sinnúmero de] amparos”. Un abogado consultado por DiarioJudicial.com sugirió crear la figura de un Defensor de la Salud y de un fuero especializado.
En las últimas décadas, los titulares de los diarios se ocuparon reiteradamente de la profunda decadencia del sistema de salud público. Entre las causas figuran la falta de insumos hospitalarios, los bajos sueldos que cobran los profesionales y la carencia de un adecuado espacio físico donde atender a los pacientes, que van en ascenso. Frente a esa situación, surgieron las empresas de medicina prepaga –solo accesibles para algunos-que cubrieron los baches que dejó el Estado. Pero también se denunciaron falencias.
En ese sentido, este martes se debatió en un plenario de las comisiones de Salud y Deportes, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales un proyecto que ya tiene media sanción de Diputados y que propone obligar a las empresas de medicina prepaga a cubrir planes de cobertura médico-asistencial, el Programa Médico Obligatorio y el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad.
La iniciativa, que fue una propuesta de la entonces diputada y actual embajadora argentina en México, Patricia Vaca Narvaja, también establece que el Estado debe fiscalizar y controlar de los valores de las cuotas (en la actualidad lo hace la Secretaria de Comercio y la idea sería trasladarlo al Ministerio de Salud), así como el pago de las prestaciones realizadas por los hospitales públicos a los asociados de las prepagas, y el establecimientos de los mecanismos para receptar reclamos de usuarios y prestadores del sistema.
Si bien este martes no hubo dictamen, los senadores del oficialismo y de la oposición acordaron extender el plazo para introducir modificaciones al texto de Diputados hasta el martes 23 de noviembre para tratar el proyecto en el recinto al día siguiente. Así, la propuesta modificada regresaría a la Cámara Baja para que sea tratada allí en el mes de marzo de 2011, antes del inicio de la vorágine por el año electoral.
En su exposición ante los senadores en el plenario de comisiones, el ministro de Salud Juan Manzur propuso modificaciones al texto de Diputados y afirmó que “los sistemas sanitarios tienen que ser solidarios y equitativos”. El funcionario sostuvo que “hacía falta regular la actividad de este sector importante de la salud” y alertó que la dependencia que encabeza no sabe qué cantidad de prepagas funcionan en el país en la actualidad.
Manzur, que asumió tras la renuncia de Graciela Ocaña luego de las elecciones legislativas de 2009, pidió aprobar una ley que regule a las prepagas “porque sino vendrá una situación de [un sinnúmero de] amparos”.
En ese sentido, este lunes se conoció el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata –suscripto en octubre- que confirmó una sentencia de primera instancia que había obligado a la Obra Social de Empleados y Personal Jerárquico de la Actividad del Neumático Argentino a cubrir una operación de “by pass gástrico” a una afiliada que no podía adelgazar por métodos convencionales y que tenía en riesgo su salud.
DiarioJudicial.com consultó al abogado Jorge Monastersky, que patrocinó una decena de presentaciones para que las obras sociales cubrieran by-pass gástricos, quien subrayó la necesidad de aprobar una ley porque “frente a incumplimientos de las prepagas no hay sanción real y nunca un afiliado tienen control real sobre por qué le aumentan las cuotas”.
“Hace falta una presencia más fuerte del Ministerio de Salud”, consideró el letrado que fue uno de los impulsores de la Ley de Obesidad, aprobada dos años atrás. Monastersky comentó que en una reunión que mantuvo tiempo atrás con el jefe de Gabinete Aníbal Fernández le propuso crear un defensor de la Salud (tal como actualmente existe de la Tercera Edad) e incluso un fuero en materia de Salud para que la Justicia actúe con mayor celeridad en la resolución de estas causas.
“Escándalo”
En el debate que tuvo lugar este martes se coló el tema de las obras sociales de los sindicatos. El senador del peronismo disidente Juan Carlos Romero (Salta) calificó de “escándalo” la situación de la obra social de los bancarios, en la causa que instruye el juez Noberto Oyarbide y que tiene un puñado de detenidos entre ellos el líder del gremio Juan José Zanola.
Poder de veto En la reunión, que se extendió por poco más de una hora, la senadora del Frente para la Victoria Beatriz Rojkes de Alperovich (Tucumán) pidió no generar un “sistema expulsivo” e instó a votar la ley al sugerir que, una vez aprobada, el poder de veto de la Presidente podría “mejorar algunas cosas”. “Temo que si vuelve a Diputados, haya gente que se quede sin ley”, dijo la senadora.
A su lado, el senador Samuel Cabanchik (Probafe – Capital Federal) le pidió “no apostar al veto parcial” y que fuera el Senado el que introdujera modificaciones a la ley.