La Cámara Federal confirmó el procesamiento de varias personas por extorsión en grado de tentativa, que se hicieron pasar como funcionarios de la Onabe y mediante la amenaza de desalojo solicitaban dinero a los comerciantes de diversos locales.
La Sala I de la Cámara Federal, integrada por Eduardo Farah y Jorge Ballestero, confirmó el procesamiento, sin prisión preventiva, de varias personas como coautoras del delito de extorsión, en grado de tentativa, ya que simularon ser funcionarios del Onabe (Organismo Nacional de Administración de Bienes) frente a un grupo de comerciantes.
Se trata de la causa “Incidente de apelación de Alva, Oscar H. y otros s/ extorsión”, donde 5 personas, entre ellos una llamada Juan Domingo Perón, fueron procesadas por extorsión ya que, haciéndose pasar por funcionarios públicos y bajo amenaza de desalojo en forma inminente, solicitaban dinero a comerciantes.
“Los imputados habrían manifestado a los damnificados que el Oname(Organismo Nacional de Administración de Bienes) les había cedido la administración de los locales que alquilaban, exhibiendo para acreditar su legitimidad copia de un acta de custodia y permiso de uso falsa, pues dicha copia no habría sido emitida por el ente”, consigna la causa. Los comerciantes no pagaron las sumas exigidas y dieron aviso a la Policía del proceder de estas personas que se repitió en cuatro oportunidades.
En la causa, la defensa de los imputados sostenía que era más adecuado calificar la conducta como estafa, “dada la inexistencia de intimidación”, o bien “tentativa inidónea”, ya que “la propiedad de las víctimas nunca corrió el riesgo de ser vulnerada”. Asimismo agregaron que “dada las características personales de los comerciantes (vgr. pertenecer a la barra brava de boca) difícilmente podrían haber sido objeto de ‘intimidación’”.
En primera instancia, los jueces vieron corroborada la figura de extorsión ya que los imputados “se presentaron ante un grupo de comerciantes a quienes, simulando tener autoridad pública, solicitaron sumas de dinero a cambio de no ser desalojados de sus respectivos locales comerciales”.
Los camaristas consideraron acertado lo expresado por el juez de primera instancia, ya que en el caso, “la amenaza de desalojo frente a la falta de pago de las sumas de dinero exigidas a los comerciantes configura un mal suficiente para generar en el sujeto pasivo la controversia de intereses. La prueba de esa amenaza, por otra parte, se encuentra acreditada mediante las declaraciones de los damnificados…”.
Por eso, “si bien en el caso puede hablarse de un engaño (simulación de autoridad pública), el hecho de que aquél haya sido utilizado como procedimiento intimidatorio es lo que desplaza la adecuación normativa de los hechos en la figura de la estafa”, sostienen los jueces y agregan: “Con la amenaza justamente se pretendió que los damnificados, frente al temor de ser desalojados, procedieran a pagar las sumas de dinero exigidas”.
Además de Perón, fueron confirmados los procesamientos de Oscar Alva, Aníbal Mariño, Roberto Duré y Jorge Glas.