"En los dos últimos años hemos logrado que el gobierno reconozca que usa software ilegal e intentamos que regularice su situación. Hasta la fecha no hemos podido concluir con tal negociación. Entendemos que la regularización de la Administración Pública es vital para sumar transparencia a la gestión y favorecer las condiciones para las inversiones del sector tecnológico en el país", indicó el Dr. Jorge A. Cassino, presidente de CESSI.
Sumándose a la postura de la CESSI, la asociación Software Legal coincidió en la necesidad de que el Estado regularice el software que tiene instalado en las numerosas dependencias administrativas. El 1° de octubre pasado, Software Legal había anunciado una tregua de 45 días en el ejercicio de las acciones judiciales que venía presentando contra empresas que utilizan software ilegal, para que regularicen su situación en ese período. Si bien las expectativas puestas en el cese del uso de los programas ilegales por parte del sector privado parecen alentadoras, esta institución es escéptica para con la actitud del sector público, al menos en lo inmediato. La contradicción que recurrentemente señalan los miembros de ambas organizaciones, es que “el Estado es el que exige a las empresas del sector que cumplan con todas las obligaciones fiscales y aduaneras y por otra parte es el mismo Estado, como cliente, el que siempre está en off side”.