Brevatas

Se designaron fiscales y defensores para el nuevo sistema de justicia penal en Santa Fe

Esta semana, la Asamblea Legislativa de la Provincia de Santa Fe prestó acuerdo para la designación de Julio Alberto de Olazábal como Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de la provincia. En tanto como Fiscales Regionales se eligieron a Ricardo Miguel Fessia para los Tribunales de la ciudad de Santa Fe; Jorge Camilo Baclini para Rosario; Eladio Oscar García para Reconquista y Carlos Ernesto Arietti para la ciudad de Rafaela. En tanto, al quedar la asamblea sin quórum quedan aprobados de manera ficta los pliegos de Gabriel Elías Eriberto Ganon como Defensor Provincial del Servicio Público de la Defensa Penal y los de los defensores Regionales: Sebastián José Amadeo para la ciudad de Santa Fe, Gustavo Daniel Franceschetti para Rosario, Estela Jorgelina Moreno para Rafaela y Ariana Flavia Quiroga para Reconquista.

El juez Oyarbide busca nexos entre distintas causas con la de la mafia de los medicamentos

El juez federal Norberto Oyarbide requirió las causas que instruyen otros magistrados sobre los 944 kilos de cocaína y la otra por el homicidio del sindicalista Roberto Roger Rodríguez, para determinar si las mismas tienen vinculación con la de la “mafia de los medicamentos”. Lo hizo a pedido del fiscal Luis Comparatore quien señaló días atrás mediante sendos dictámenes la posibilidad de que esas dos causas puedan guardar relación con personas vinculadas a la investigación por la “mafia de los medicamentos”. La de la droga hallada en España está a cargo del juzgado en lo penal económico N° 4, Alejandro Catania, y la del asesinato de Rodríguez, titular del gremio de Maestranza, a cargo del juez de instrucción porteño Javier Ríos. Este último juez se declaró incompetente para investigar el homicidio del sindicalista, por considerar que debiera intervenir la Justicia Bonaerense puesto que Rodríguez habría sido asesinado en el partido de San Miguel.

El titular de la UIF aclara

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, sostuvo que “la obligación de los operadores bursátiles de exigir declaraciones juradas ya existía” y “sólo se ha actualizado el monto a considerar”. Las explicaciones brindadas por Sbatella se enmarcan en la resolución 33/2011, dada a conocer la semana pasada. La resolución, sostiene el titular de la Unidad, “establece en 40.000 pesos el monto a partir del cual los operadores del mercado de valores deben cumplir una exigencia que ya existía: la de requerir una declaración jurada sobre licitud de fondos, a los fines de evitar maniobras de lavado de dinero o relacionadas con el terrorismo”. Y agregó que “las sociedades y agentes de bolsa, como todos los operadores del mercado de capitales, ya tenían la obligación de exigir una declaración jurada por transacciones superiores a los 30.000 pesos, por lo que la nueva resolución no ha hecho más que establecer el monto de 40.000 pesos como nuevo umbral para el cumplimiento de esa obligación”.

Un ex juez federal acusado por delitos de lesa humanidad fue sobreseído durante la feria

Se trata de Roberto Catalán, ex juez federal de La Rioja, y que se encuentra acusado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El fallo, firmado durante la feria judicial, recién se conoce ahora ya que el ex magistrado, que cumplía arresto domiciliario, fue visto caminando por la ciudad del noroeste, tal y como lo indicó el diario El Independiente. Catalán fue desvinculado de varias causas por delitos vinculados con su supuesta complicidad con detenciones, torturas y desapariciones cometidas en la provincia. La medida que lo benefició habría sido adoptada durante la feria judicial por el juez federal local, Daniel Herrera Piedrabuena. Según las denuncias en su contra, el entonces juez federal riojano se negaba a recibir recursos de hábeas corpus presentados por familiares de los detenidos, muchos de los cuales permanecen desaparecidos.

Sobreseen a mujer que vendía relojes con marcas falsificadas en un puesto en la vía pública

La Cámara Federal porteña sobreseyó a una mujer que vendía en un puesto ambulante en la vía pública relojes apócrifos simulando ser de marcas reconocidas y prestigiosas en el mercado, a precios "claramente inferiores" a los de los auténticos. La Sala Segunda de la Cámara desvinculó de la causa a la mujer, ya que la "baja calidad" de los productos con cuya venta se gana la vida no podía inducir a engaño a los potenciales compradores. El fallo sostuvo que no se afectó a la denominada "ley de marcas", pues no se trató de "una verdadera falsificación, con su secuela de engaño y descrédito para la confianza pública". "Las ventas comúnmente en la vía pública y a un precio claramente inferior al del mercado tornan inidónea a la comercialización cuestionada para causar confusión en el público consumidor", por lo que perseguir penalmente a la vendedora ambulante hubiera significado "excederse del tipo penal analizado sobrepasando los límites del principio de legalidad".