A semanas del inicio de un nuevo período ordinario, la legisladora salteña Sonia Margarita Escudero (Peronismo Fedral) realiza un balance de lo tratado en el Senado de la Nación en materia jurídica y proyecta los posibles temas a tratar en los próximos meses. En diálogo con DiarioJudicial.com, la senadora manifestó que el avance hacia el sistema acusatorio no sería aplicable en nuestro país debido a la "presunta injerencia del poder político sobre los fiscales". La Argentina deber tener una "verdadera seguridad jurídica o justicia independiente", subrayó.
Un nuevo año legislativo se acerca. ¿Cómo es el balance de lo realizado por la Comisión de Justicia durante 2010?
Creo que el balance es altamente positivo, hemos avanzado con la aprobación de 17 proyectos de ley, de los cuales 5 han sido con sanción definitiva y ya son ley de la nación. Y otros 12 proyectos tienen media sanción y están esperando tratamiento en la Cámara de Diputados. Durante un año que ha sido bastante irregular, 17 proyectos es una cifra muy importante.
¿Cuáles son los temas que quedaron pendientes?
Ya avanzados por la Cámara de Senadores se encuentran: la ley de armas, municiones y materiales relacionados; la inclusión en el Código Penal del delito de desaparición forzada de personas; el libre acceso a la información pública; las medidas de protección y control de los efectos del tabaco con los espacios 100% libres de humo; y el proyecto de ley que establece un marco regulatorio para la medicina prepaga que volvió a la Cámara de Diputados.
Asimismo, para este nuevo período ordinario legislativo, estamos analizando la modificación del tema de lavado de dinero para penalizar el autolavado. Estamos analizando además la posibilidad de imponer sanciones penales a las personas jurídicas en los casos de fraudes importantes, y tenemos una cantidad importante de creación de juzgados en particular para reforzar la Justicia en materia previsional, donde creemos que hay un cuello de botella muy importante.
Mi objetivo es avanzar en la Reforma Integral del Código Penal, lo cual es mi aspiración, tomando como base aquel anteproyecto que se elaboró en el ámbito del Ministerio de Justicia. Pero lamentablemente no he podido reunirme con el ministro de Justicia, Julio Alak. No ha venido a la Comisión a pesar de haberlo invitado en reiteradas oportunidades. Lo queremos reformar porque hay demasiados proyectos individuales, con modificaciones parciales, y me parece que hay que avanzar en una modificación integral.
¿Cuán avanzado está el proyecto sobre el delito de genocidio?
Estamos analizando desde la Comisión el tema de la tipificación del delito de genocidio y una iniciativa para agilizar los procesos judiciales que investigan delitos de lesa humanidad, pero aún no logramos obtener un dictamen.
Y tenemos otro proyecto importante, que es el proyecto de Hilda Duhalde, tiene que ver con la emergencia en materia de seguridad, y que no alcanzó la firma ese dictamen, pero posiblemente en este nuevo contexto con la decisión presidencial de crear un Ministerio de Seguridad específica, posiblemente es probable que tomen los cambios propuestos.
En cuanto a las telecomunicaciones, Ud. presentó un proyecto basado en el Halabi, en el cual la Corte había instalado una "acción de clase" sobre ese asunto. ¿Está demorado?
No, está girado a la Comisión de Legislación General, como cabecera, de la cual soy vocal. Le he pedido a la senadora Negre de Alonso, para ver si lo podemos poner en tratamiento. Sé también que en la Cámara de Diputados, el diputado Fernando Yarade (FPV Salta), había presentado un proyecto en este sentido.
Otra propuesta interesante es la creación de un cuerpo de traductores ad hoc. ¿Qué progresos hubo y qué opina de las quejas presentadas por el Colegio de Traductores de la Ciudad?
Tenemos dictamen de comisión, por lo que vamos a tratar de lograr su sanción en el nuevo período. Es un muy buen proyecto y que resuelve una cantidad de temas que son importantes para las personas sometidas a proceso. El texto propone crear un Registro de Intérpretes "Ad Hoc" en el ámbito del Consejo de la Magistratura, con el fin de actuar rápidamente ante casos de extranjeros comprometidos en casos de narcotráfico. Según estadísticas oficiales, gran parte de las personas detenidas provinieron de Europa del Este y su principal defensa es desconocer el idioma. Lo que planteamos ahí en respuesta a las críticas es la obligación del Consejo de proveer los traductores, de tener una lista de traductores, y de proveer los gastos y honorarios necesarios para que actúen en cualquier lugar del país. La obligación es también de suscribir convenios con las embajadas que tengan representación en nuestro país, para que ellas cooperen también. Hemos agregado también la cuestión de las lenguas indígenas.
¿Qué opina de la nueva conformación de la Magistratura y el fallido proyecto de reforma?
Lamentamos que no se haya podido aprobar la modificación, habrá que estar atentos a la nueva composición. De todos modos, por el diseño que tiene la ley vigente, el Poder Ejecutivo sigue teniendo poder de veto.
Desde el Gobierno, se presentó una propuesta para modificar el Código Procesal Penal y pasar del sistema inquisitivo al acusatorio...
Doctrinariamente, todos opinan lo mismo. Yo tengo mis reservas, por la forma en cómo funciona el Ministerio Público en nuestro país. El Ministerio Público obviamente no tiene gran independencia, esa ha sido mi experiencia. No se le puede dar un arma tan importante como es el sistema acusatorio y llevar adelante la acusación contra personas a alguien que está manejado políticamente.
Y el Juicio por Jurados, ¿se va a poder implementar a nivel nacional? Ya se aplica en Córdoba y está probando en Chubut.
Se podría aplicar también en algunos delitos. Y hacer la experiencia sería interesante, desde el punto de vista que democratiza la Justicia. Y hace que la gente se involucre más con el funcionamiento de la Justicia. Si hoy tenemos una Justicia tan lenta, el funcionamiento con juicios por jurados es muchísimo más lenta, de modo que tendría que venir acompañado por otras herramientas que existen en EEUU que es la posibilidad de "negociación de pena" que no existe en nuestro país. En esa negociación alguien se declara culpable pactando una pena baja. Entonces, evita el juicio y así se pueden hacer menos juicios.
Ud. propuso la creación de una "Base de Datos Nacional de Información Estadística en Materia de Delitos". Estaría administrado por el Registro de Reincidencia. ¿Cuál fue su alcance y qué relación tiene con el Mapa del Delito?
En realidad, surge a raíz del proyecto presentado por Chiche Duhalde. Pero el proyecto de ella era muy amplio. Nosotros encontramos que este tema era muy interesante y lo habíamos planteado en un primer dictamen de comisión, pero ella no lo aceptó porque dijo que en realidad no tenía nada que ver con su proyecto original. Por eso lo presentamos como un proyecto nuevo y es uno de los tema a avanzar en los próximos meses. A nosotros nos parece esencial. Es un tema tan importante como el INDEC. No se pueden tomar decisiones en materia de políticas públicas, sino se tiene el acceso a la información, el cual es el Mapa del Delito, y cuáles son las características de los delitos en la Argentina.
¿Entonces deberíamos creer que el Mapa del Delito presenta datos tergiversados o incompletos?
O por lo menos, no se comparte toda la información.
¿Cómo avanza la institucionalización del Consejo Federal Penitenciario?
Tuvimos una reunión muy interesante en donde vino Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario de la Nación. Participó también el Centro de Estudios Legales y Sociales, que hicieron una investigación muy importante sobre la situación carcelaria en la Argentina. Y esto sería institucionalizar algo que ya existe en la práctica, que es la reunión de todos los directores penitenciarios del país. Las grandes violaciones a los derechos humanos en materia penitenciaria en la Argentina. Y me resultó muy extraña la crítica que hizo la presidenta: "La culpa de la inseguridad la tienen los jueces". Me parece que fue una crítica muy apresurada o a lo mejor, sin un cabal conocimiento de lo que está sucediendo. O sea, la prisión preventiva no es castigo, porque la persona es inocente hasta que tenga sentencia y obviamente en muchos casos no hay donde detener a los presos. Tener presos en las comisarías es algo que no es lo correcto. No se respetan los Derechos Humanos, tienen que estar siempre a disposición de un juez y no en una comisaría.
Pero Alak había declarado que el sistema penitenciario "no está colapsado".
Está absolutamente colapsado, eso es un hecho, y por eso Argentina tiene varias denuncias antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Como presidente de la Comisión de Justicia participa de la creación de juzgados, ¿cómo ve el progreso en esta materia?
Hemos avanzado bastante, la creación de juzgados tiene un procedimiento bastante transparente porque presentado el proyecto, nosotros, desde la Comisión, le mandamos en consulta al Consejo de la Magistratura, quien maneja las estadísticas y nos informa de éstas. En base a eso se estudia su corresponde o no la creación de ese nuevo juzgado. De modo que está funcionando bastante bien, el problema es que lo que demora a veces es la implementación de cada tribunal o juzgado.
En la Comisión de Acuerdos, de la que Ud. interviene como vocal, se designan los nuevos magistrados. ¿Cuál es su punto de vista respecto de la relación entre los jueces y el poder político?
Creo que con relación a este tema de la Justicia, es muy importante, que la Argentina tenga verdaderamente una Justicia independiente. Esa es la garantía de las inversiones. Para que haya crecimiento y para que haya desarrollo, son necesarias las inversiones. La inversión pública es importante, pero no alcanza, es necesaria la inversión privada. ¿Y al inversor privado qué le interesa? Un sistema impositivo, normas laborales y Justicia independiente o seguridad jurídica. Entonces, esta última señal, con la designación de jueces de la Cámara Laboral, todos afines al titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), nos parece un mensaje totalmente alejado de la Justicia independiente.
¿Cuál sería su propuesta ?
Tenemos que cuidar el Consejo de la Magistratura, como garantía de independencia y por eso es muy importante revisar la composición y seguir insistiendo en la modificación de la composición del Consejo. Que no haya una Justicia subordinada al Poder Ejecutivo, porque en definitiva atenta contra las inversiones en la Argentina y contra el desarrollo nacional.