Organizaciones sociales y referentes políticos reclamaron por una reforma de la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires.
Numerosos organismos de derechos humanos, movimientos sociales, organizaciones sindicales, referentes políticos y académicos presentaron hoy en La Plata un documento con propuestas para una reforma de la política de seguridad bonaerense. El objetivo: frenar la violencia policial.
Allí plantean la necesidad de reformular la política de seguridad bonaerense, y en este contexto, lograr una reforma policial de la provincia. Para ello dejaron sentando una serie de lineamientos que se deberían seguir al respecto.
En primer lugar, profundizar las investigaciones judiciales y administrativas, para ello sostienen que “es imprescindible que el gobierno provincial muestre un fuerte compromiso con el avance de las investigaciones judiciales y administrativas”. En el mismo sentido explican lo “imperioso” que resulta “avanzar en la delimitación de las conductas de todos los policías involucrados en los hechos de José León Suárez y Baradero”.
Otro punto en el que hacen hincapié es la necesidad de separar el ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense con una estructura de gestión civil y conducción estratégica de la Policía Bonaerense.
“Es necesaria la conformación de un Ministerio de Seguridad responsable de la gestión gubernamental de los asuntos de la seguridad pública, en particular de lo referido a la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias del sector”, consigna el documento remitido a los diputados.
Asimismo, reclaman la creación de la Policía Judicial, para “desarrollar la capacidad de investigación judicial y terminar con la impunidad” ya que “los problemas de seguridad que vive la provincia de Buenos Aires también están ligados a fuertes condiciones estructurales que garantizan impunidad”. Marcaron como uno de estos problemas el hecho de que “la delegación de la investigación penal de los fiscales a la policía bonaerense, una fuerza sospechada de contener grupos delictivos en su seno que gerencia no regulan el delito”.
“Los jóvenes y niños de los sectores más vulnerables son las víctimas directas del accionar descontrolado de las fuerzas policiales” destaca el documento. Por ello es preciso “implementar un modelo protector de los derechos de la niñez y la juventud”.
“El Estado tiene la obligación de estructurar políticas de carácter público concretas para protegerlos sin represión ni encierro, respetando la mirada integral de sus derechos y el interés superior del niño”, concluyen.
Durante la presentación de estas propuestas, realizada esta tarde en la Cámara de Diputados de la provincia, estuvieron el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky; los co-presidentes de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM), Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón; la vicepresidente del CELS y representante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Laura Conte y el secretario general de la CTA de la provincia, Roberto Baradel.
Verbitsky remarcó que la actual conducción del Ministerio de Justicia de la provincia “se subordina a lo que la policía le marca” y consideró que, en lugar de avanzar en reformas estructurales para proteger al conjunto de la sociedad, el gobierno provincial sólo brinda “discursos huecos y amenazadores”. Mientras que Baradel rechazó la presencia de policías en las escuelas y expresó la necesidad de terminar con el estigma por el cual “ser joven, pobre y tener la tez oscura es sinónimo de delincuente”.
Asimismo, el documento cuenta con la adhesión de varios diputados nacionales tales como: Ricardo Gil Lavedra (UCR), Héctor Recalde (FPV), Diana Conti (FPV), Alicia Comelli (MPN), Edgardo Depetri (FPV), Mónica Fein (PS), Martín Sabbatella (EDE), Ariel Basteiro (EDE) y Eduardo Macaluse (Proyecto Sur); los legisladores provinciales Liliana Piani (CC), Natalia Gradaschi (CC - ARI), Carlos Alberto Fernández (UCR), Fernando “Chino” Navarro (FPV) y Sandra Cruz (FPV), y el legislador porteño Rafael Gentili (Proyecto Sur). También sumaron su apoyo H.I.J.O.S. - Capital Federal, la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia - Zona Norte, la Red de Jueces Penales de la provincia, la Asociación Pensamiento Penal y la Red de Investigadores del ASD.