DiarioJudicial realizó un sondeo en Tribunales y comprobó que la mayor parte de los profesionales coincide en que la Justicia no agotó todas las instancias de presión para que se cumpla la resolución de la Corte sobre el saneamiento. También dicen que es "un problema político". Opiniones sobre un grave daño ambiental sin solución.
Por Fabricio Soza
El Riachuelo es, desde hace décadas, el monumento a la desidia argentina. El fiel reflejo de la falta de convicción política, judicial y social es un foco de enfermedades que afecta a los que menos tienen. Y no son pocos: en la Cuenca Matanza-Riachuelo viven 3 millones de personas.
En julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia decidió en la causa caratulada “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional s/daños y perjuicios”, condenar al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a ejecutar un programa de saneamiento sobre las aguas y alrededores de la cuenca del río Matanza-Riachuelo.
En la sentencia se destacó el carácter urgente del saneamiento y dispuso que “la autoridad obligada a la ejecución del programa y responsable de su cumplimiento oportuno era la Autoridad de Cuenca contemplada en la ley 26.168”. Sin embargo, a más de dos años de que se fijaron los plazos, los resultados no son los que se esperaban.
El Máximo Tribunal volvió a la carga en agosto del año pasado, cuando advirtió que a dos años de haber dictado sentencia “se advirtieron incumplimientos que no han sido debidamente justificados” y pidió a la Autoridad de Cuenca que explique “las razones por las cuales no se dio cumplimiento a los mandatos establecidos en la sentencia, identificando con precisión las causas y los funcionarios involucrados”.
La Corte exhortó a agilizar la limpieza de la cuenca y habilitó al juez federal de Quilmes Luis Armella a multar a los funcionarios públicos responsables que incumplan con las obligaciones.
Más allá de las multas y las sentencias, los plazos siguen sin cumplirse y los afectados se multiplican. La Justicia multa y pone plazos, pero parece no alcanzar ¿Se agotaron todas las instancias posibles? DiarioJudicial.com realizó un sondeo por la zona de Tribunales y comprobó que la mayoría de los consultados consideró positiva la intervención de la Justicia, pero exigió más firmeza y acción. Además, destacaron que el problema es político y que toca a “muchos intereses”.
“La Justicia no agotó todas las instancias posibles. Están apareciendo leyes y normas nuevas con respecto al derecho ambiental que se podrían aplicar para lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo”, comentó el abogado Carlos Barcia. “Sabemos que las empresas piden prórrogas, tratan por distintos medios de evadir las responsabilidades pero tendríamos que aplicar un poco más el derecho ciudadano y fijarnos en el medio ambiente y la protección de todos”, concluyó.
Su colega Fernando Lencina coincidió en que “no se hizo todo lo correspondiente para que se cumpla el saneamiento”. “No hubiese solamente multado si no que tendría que haber cancelado, si hay contrato, o directamente clausurado a ciertas empresas”, dijo.
“La Justicia debería actuar con más rigidez. Pero entiendo que debe ser un problema político en donde hay intereses particulares y por eso no se lleva a cabo el saneamiento. Hay muchos intereses de por medio, pero lamentablemente nos perjudicamos todos”, se lamentó Luciano Bonacci. “Así como está lo único que trae son infecciones y perjuicios a todos aquellos que lo rodean”, disparó el abogado.
Por su parte, la abogada Claudia Gapó dijo que se pueden tomar aún “más medidas contra las empresas como inhabilitar a todas aquellas que contaminan o que no cumplen con lo que dispuso la sentencia”. En tanto, otra letrada, Susana Valle, aseguró que este es un problema político. “Todos somos concientes de la importancia del medio ambiente que nos beneficia a todos, pero el problema es una decisión política”, dijo.
Por último, el abogado Eduardo González Ocantos expresó estar conforme con lo que la Justicia hizo en la materia en los últimos años, pero que “debería actuar con mayor intensidad”. Pidió que se haga “un cronograma de incumplimiento, fijar las multas y hacer más presión con los mecanismos legales existentes”. “Haciendo uso de ellos insistentemente, tal vez la Justicia no logre un saneamiento pero sí un cambio”, siguió.
“La gente que vive en la cuenca son los que realmente están bajo la línea de la pobreza, se los escucha poco y nada y tienen nulo poder de presión. Son los que le ponen el cuerpo a las muertes y las enfermedades. Tal vez si trascendiera a este grupo social tan vulnerable, posiblemente hubiera una solución. Pero bueno, hace años que estamos así”, concluyó.