En la Cámara de Diputados el tratamiento de esta ley, fracasó cinco veces, pero ante la urgencia del Gobierno, y ante reiterados pedidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en que se sancione esta ley, Jorge De la Rúa pidió ayer al senador y presidente del bloque radical Jorge Agúndez, su tratamiento del proyecto. Resulta sintomático que luego de boyar por la Cámara de Diputados el Gobierno decida ahora iniciar el tratamiento desde el Senado, luego del escándalo que lo sacudiera durante los últimos meses.
El proyecto de ley permitirá la revisión de la sentencia de los asaltantes del cuartel militar de La Tablada en 1989. Los guerrilleros fueron condenados por la ley de Defensa de la Democracia que establece una sola instancia judicial para aquellos que atenten contra las instituciones. El dilema se presenta ahora dado que habría que reformar el procedimiento penal para incluir una segunda instancia judicial, avalada en los tratados internacionales suscriptos por la Argentina.
Agúndez señaló que “no se puede aplicar a los detenidos por el asalto al regimiento militar de La Tablada el cómputo de dos años por cada uno de los que ya pasaron en prisión (la aplicación de la ley más conocida como el “Dos por Uno”). De acuerdo con el proyecto redactado en la Cámara de Senadores, la condena se mantiene firme y ése cálculo sólo es aplicable a quienes no se encuentran procesados”. El senador también manifestó que “no creo que ante esta discusión, la Cámara de Casación estuviese dispuesta a liberar a los condenados.”
En tanto, defensores de los presos de La Tablada, Mario Hugo Landaburu, Defensor Público Oficial ante la Cámara Nacional de Casación Penal; y los abogados Martha Fernández y Rodolfo Yanzón, exhortaron al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Licenciado Jorge Taiana, que “reiteren en el informe anual de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos correspondiente al año 2000 que hasta el momento dichas recomendaciones no han sido cumplidas, dejando constancia de que ve con honda preocupación que el Gobierno argentino haya hecho caso omiso de esas recomendaciones y por tal motivo lo intime nuevamente para que les dé cumplimiento”. Asimismo los defensores pidieron que “la Comisión disponga un requerimiento regular de informes al Estado Argentino, en relación al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por éste, como así también información referente a las medidas que han sido tomadas para el cumplimiento de las recomendaciones del mencionado informe, conforme al criterio seguido con el informe conocido como el caso “ESMA”.