El Jurado de Enjuiciamiento del Consejo bonaerense pasó a un nuevo cuarto intermedio para resolver si admite las acusaciones contra el juez de Garantías 3 de San Isidro, Rafael Sal Lari, cuestionado por su actuación en cuatro causas.
El jurado, presidido por la titular de la Corte de la Provincia, Hilda Kogan e integrado por cinco abogados y cinco legisladores, debatió durante más de tres horas y finalmente decidió pasar a un nuevo cuarto intermedio hasta el lunes 11 de abril, según informó la agencia Télam. Es el segundo período de interrupción que el cuerpo se toma antes de definir si Sal Lari es llevado a un jury.
El pedido de enjuiciamiento había sido realizado por la Asociación Civil “Madres del Dolor”, que reclama que el juez eximió de prisión preventiva a los acusados del asesinato del ingeniero Carlos Regis, la excarcelación de sospechosos en la causa del robo al Banco Río de Acassuso, y por último, no haber detenido a presuntos violadores.
"Los jueces tienen que hacer su trabajo, aplicando la Constitución. Tienen que garantizar el debido proceso de cualquier ciudadano, sin distinguir, porque la Ley se aplica de igual forma para todos", había declarado hace una semana a DiarioJudicial.com Rafael Gutiérrez, presidente de la Junta Federal de Cortes y Tribunales de Justicia (JUFEJUS), sobre la labor que se le cuestiona a los jueces.
Mientras que la defensa de Sal Lari rechazó los cargos en su contra, la Procuración General de la Corte se abstuvo de acusarlo. Además, mientras esperaba la sesión del Jurado de ayer, recibió el apoyo de funcionarios del Poder Judicial y varias ONG.
"Según las manifestaciones que han circulado en los medios de prensa, se le endilga a Sal Lari ´dejar en libertad a peligrosos delincuentes que ponen en riesgo a ciudadanos decentes´. Este discurso es discriminatorio y peligrosista", afirma el texto al que adhieren, entre otros, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), la Asociación Pensamiento Penal (APP), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y Poder Ciudadano.
En el documento de apoyo a Sal Lari se recogían más de 300 firmas de organizaciones sociales y de derechos humanos, funcionarios judiciales y académicos, que mostraban el rechazo hacia el proceso de remoción iniciado contra el magistrado.
A su vez, Viviana Perone, titular de la ONG “Madres del Dolor”, también hizo declaraciones: "hay pruebas para llevar adelante la destitución", pero que en el "país es muy difícil destronar a un juez. Ellos son como los médicos, tienen en su poder la vida y la muerte de muchas personas".