El juez había actuado en la causa 4312/96 caratulada “Dr. Jorge Manuel Moreno apoderado del Partido Justicialista, distrito de Catamarca” quien formula una denuncia por supuesta comisión de asociación ilícita agravada. Allí el Dr. Terán, fue denunciado por haber violado las normas legales que rigen el procedimiento penal”, al tiempo que habría omitido el indispensable requerimiento del fiscal para impulsar la apertura del sumario.
Por otra parte la Corte de Justicia de Catamarca dictó una acordada el 11 de junio del ´96 en la que señala “cómo reiteradamente el juez Terán recepta denuncias previamente difundidas por la prensa y luego desestimadas por su alzada natural, por incompetencia, instruyendo a los fiscales para que intervengan en las mismas defendiendo la jurisdicción provincial dentro de los límites fijados por las constituciones nacional y provincial y las leyes que sean su consecuencia”. Se lo denuncia también por incumplimiento de la obligación de inhibirse, dado que uno de los denunciados es el gobernador provincial con quien el magistrado tiene enemistad pública reflejada en declaraciones a los medios”.
Terán es acusado de actuar en determinadas causas aún sabiendo de su incompetencia, entre las que se encuentran la seguida contra el Gerente General del banco de Catamarca, Miguel de la Orden, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, relacionada con la liquidación de las entidades Feigin y Extrader. Los denunciantes manifiestan que el magistrado ordenó la detención del funcionario para tomarle declaración indagatoria, cuando la competencia federal sólo procede cuando el juez se desempeñase en funciones específicas federales y en este caso ya existía una causa en trámite en la justicia ordinaria provincial.
Según el expediente que ahora analizará la Comisión de Acusación el martes próximo, Terán persiste cada vez más en su actitud contraria a las normas vigentes, que los mismos denunciantes inician este nuevo pedido de juicio político por la causal de mal desempeño, agregando que el magistrado cometió comisión de delitos de prevaricato y abuso de autoridad en una causa en la que aplicó una sanción a Roberto Urioste , asesor general del gobierno provincial, sin que éste hubiera sido parte en la causa.