La denuncia formulada por el abogado Juan Carlos Iglesias -uno de los denunciantes en la causa por presunto pago de sobornos en el Senado- quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Adolfo Bagnasco y en ella se advierte que "podríamos encontrarnos con una vasta red de apoderamiento de fondos públicos, con el sistema de los decretos reservados".
En la presentación, Iglesias recordó que el 18 de abril de 1991 Menem firmó el decreto identificado como "S" 717, mediante el cual se puso en marcha la Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el narcotráfico, el que formó parte del plan conocido como Plan Nacional contra el Narcotráfico.
En ese marco, señala que "a tal fin se creó en la órbita Nacional el Servicio Nacional Contra el Narcotráfico conocido como SEFECONAR", un organismo de inteligencia "aparentemente" destinado a "la represión del comercio ilegal de drogas".
"atento la circunstancia de que el citado decreto revestía el carácter de secreto, ningún funcionario ni legislador puede constatar si la norma autorizaba o no la utilización de partidas presupuestarias provenientes de gastos reservados", explicó el denunciante, quien advirtió que "de todos modos, la mencionada autorización de haber existido no sería válida, pues la misma no emanó de la ley del Congreso de la Nación".
En tal sentido, sostuvo que "lo que si pudo constatarse es que en los decretos distributivos del presupuesto de 1993 apareció imputada en la cuenta 3.9.2 Servicios No Personales una asignación de fondos reservados de 2.550.000 pesos con destino a dicha secretaría", sin que la Ley de Presupuesto a ese ejercicio hubiera autorizado "gasto alguno a dicha dependencia".
Iglesias denunció que "esta forma de operar el uso de esos recursos por las reglas de la ley de fondos reservados 18.302/69, por organismos no autorizados, entrañaría un delito de malversación de caudales públicos, que se reiteraría cada vez que se hubiera procedido del mismo modo y también puede constituir una forma engañosa de sustraer caudales públicos de las (arcas) del Estado Nacional, que por las características aparentes podría llegar a constituir un modus operandi con graves perjuicios para el erario público".
Teniendo en cuenta que el hecho denunciado como supuestamente irregular es del año 1991, estaría prescripto al presente. Pero de todos modos el juez se aprestaba a correr la vista de rigor al fiscal para determinar si éste solicita la desestimación de la denuncia o requiere la instrucción del sumario respectivo.