La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados comenzó con el tratamiento de un proyecto en el que se pretende establecer un procedimiento simplificador para casos de menor cuantía. De la primera reunión de trabajo participaron varios representantes del Poder Judicial, entre los que se encontraban consejeros de la Magistratura, jueces, ex jueces, fiscales y abogados. Los detalles de la reunión.
La Comisión de Justicia de la Cámara baja comenzó con el tratamiento de una iniciativa que busca implementar un procedimiento simplificado para casos de menor cuantía aplicable a demandas civiles y comerciales de conocimiento y contenido patrimonial, y a las vinculadas a las reguladas por la Ley de Defensa del Consumidor.
Al comenzar la reunión el primero en tomar la palabra fue el principal impulsor del proyecto, Gustavo Ferrari (Peronismo Federal) quien sostuvo que “la idea de la audiencia es llegar a una buena conclusión” puesto que con el proyecto se podría abarcar el 50 por ciento de los casos que transitan por los tribunales y lograr además que la Justicia sea “cercana a la gente”.
Además de Ferrari, la iniciativa se encuentra firmada por los diputados Carlos Carranza (Peronismo Federal), Laura Alonso (Pro) y Juan Pedro Tunessi (UCR) y busca agilizar los procedimientos judiciales por reclamos menores para que puedan concluirse en no más de 60 días, buscando una mayor informalidad de los actos, proximidad a los ciudadanos y sencillez de lenguaje.
Luego de las palabras del autor del proyecto fueron tomando uso de ella uno por uno los invitados con varias puntos comunes en el análisis de la iniciativa. El primero en hablar fue el actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Eugenio Cozzi, quién mostró su preocupación puesto que el proyecto prescinde del patrocinio letrado. “No me parece sano” dijo y agregó igual perspectiva con respecto la “eliminación de la mediación judicial obligatoria”.
En el mismo sentido se expresó el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) quien explicó que no la necesidad de la existencia de patrocinio letrado es una “garantía de la gente”. “Es impracticable” sostuvo Enrique Palacios presidente de la Comisión de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de la Ciudad. Aunque además planteo el hecho de que para la realización del proyecto “se requiere la creación de nuevos juzgados” puesto que “va a aumentar la judiciabilidad”
Alejandro Fargosi, consejero en representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura Nacional, se adhirió a los dichos de los preopinantes. “El asesoramiento letrado es inevitable” ya que es un “igualador” y podemos “perjudicar al que menos tiene” si no está.
La visión contraria fue expresada principalmente por los magistrados. Ricardo Recondo, consejero de la Magistratura y juez civil y comercial, explicó que con esto “la justicia va a los barrios” y a su vez se “descomprime el Poder Judicial”. Aunque con respecto al patrocinio letrado sostuvo que “no es conveniente” ya que “dificulta y encarece”. En este sentido conciente de que los colegios de abogados no estarían a favor de ello ya que “se les saca un pedazo”. “Lo que se tiene que garantizar es la igualdad de armas”, dijo Luis María Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados. Gustavo Caramelo, juez civil de primera instancia, sin embargo adhirió a la visión de los abogados, puesto que para él “sí seria necesario el patrocinio letrado”.
Luego Cozzi apuntó directamente a la “discrecionalidad” que la iniciativa plantea con respecto a las funciones del juez. Esto en referencia a que es el magistrado quien debería decidir, de aprobarse la iniciativa tal como esta, si la demanda debe tramitar o no a través del proceso simplificado. Luis Cevasco, Fiscal General Adjunto del Ministerio Público porteño, si se mostró a favor de ello, aunque aclaró la necesidad de que “exista una doble instancia”. Algo que el proyecto no contempla.
El Director del Instituto de Derecho Procesal, Mario Kaminker, se refirió a ello: “como está escrito parece que los jueces civiles y comerciales son los que lo van a hacer” dijo y advirtió que “hay muchos de ellos que ni siquiera participan de la primera audiencia” por lo que esto “necesita de un ámbito separado, distinto y judicial”.
Además el actual consejero de la Magistratura, Fargosi, por su parte realizó un análisis más amplio de la Justicia en el que afirmó que “los jueces tienen que estar, y si no están tienen que ser sancionados”. En este sentido argumentó que “quizás haya que prohibir la docencia a los jueces” por un lapso de 5 años “para poner el sistema en movimiento”. “El trabajo del juez es `full life’ y no ‘full time’”, concluyó.
Existe un punto en el proyecto al que todos los asistentes también plantearon su negativa. Es que entre las excepciones planteadas en la iniciativa se encuentran “los procesos de familia, sucesorios, de desalojo, concursales y los relativos al estado y la capacidad de las personas y todas aquellas cuestiones en las que deban practicarse peritajes o que, a criterio del Juez y por su objeto y prueba, impongan la aplicación del procedimiento que corresponda”. Fargosi explicó que “no tiene sentido excluir los temas de peritaje”. Lo mismo sostuvo Kaminker ya que “en la vida diaria de la gente el perito puede ser imprescindible”.
Por su parte Francisco Carrega, quien fuera juez comercial y que actualmente se desempeña como profesor a cargo de la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad Austral, apuntó hacia los aspectos operativos puesto que “no están contemplados” ya que oralizar “prevé que haya salas de audiencia, una estructura de recursos humanos y jueces capacitados para llevar adelante una audiencia”.
A su turno, Javier Fernández Moores, ex juez comercial y ex consejero, dijo que el proyecto es de “difícil aplicación por parte de los tribunales que hoy aplican el proceso común” ya que este proceso “necesita de un juez activo”. Lo mismo consideró Caramelo: “Un juez civil no está en condiciones para incorporar esto”, dijo.
Entrando en juego la necesidad de crear un fuero específico, algo en lo que acordaron todos los magistrados que concurrieron, puesto que tal y como lo expresó el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) Abel Fleming existe una “necesidad de crear un fuero especial” en tanto que “la justicia absorbe una litigiosidad extrema”. “Allí radica su chance de éxito” y agregó: “lo que no quita que pueda dejarse como procedimiento alterno para que los juzgados lo utilicen optativamente”.
Julio De Giovanni, quien actualmente es presidente de la Unidad de Implementación y Seguimiento de Políticas de Transferencia de Competencias en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, argumentó que “la Ciudad no ha creado la Justicia vecinal” y ello “es lo que hace que se presenten proyectos como este”. “El mejor mecanismo sería la transferencia de competencias” dijo y pidió a los autores del proyecto que agreguen en él que “la ley regirá hasta tanto la Ciudad de Buenos Aires cree su Justicia Vecinal”.
Desde la Comisión de Justicia explicaron que ahora comenzará el tratamiento técnico por parte de los asesores de los diputados. Asimismo durante toda la jornada, el autor del proyecto Gustavo Ferrari se mostró receptivo a los aportes de los distintos invitados puesto que “ningún articulo es inamovible”.