Brevatas

No a la corrupción en las ferias artesanales de la Ciudad

La Cámara del Crimen confirmó el procesamiento contra un inspector del gobierno porteño que presuntamente cobraba coimas de hasta 25 pesos semanales a puesteros de la feria de Pompeya para permitirles seguir trabajando. La Sala Primera de la Cámara, con las firmas de los jueces Jorge Rimondi y Luis Bunge Campos, ratificó el procesamiento por "exacciones ilegales" contra el funcionario porteño Miguel Ángel Barraza, quien ahora quedó a las puertas de un juicio oral en el que podría ser condenado a penas de entre uno y cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años. La Cámara ordenó, además, investigar a otras dos personas vinculadas con el imputado, identificadas como Miguel Grela y Pablo Villarroel, sospechadas de haber participado también del cobro de coimas a los puesteros. Los feriantes denunciaron el cobro de entre 10 y 25 pesos semanales, que generalmente debían abonar al imputado los viernes por la tarde, ante el funcionario del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Ezequiel Cortelletti, quien llevó el caso a la Justicia.

En Salta se mostraron conformes por la nueva cárcel federal

La Corte de Justicia de Salta mostró su “satisfacción” por la nueva cárcel federal. Se trata del nuevo Penal Federal de General Güemes que permitirá albergar a 488 internos. Lo que según destacaron desde el máximo tribunal provincial permitirá “descomprimir las cárceles provinciales, cumpliéndose de esta forma las metas establecidas por la Corte de Justicia de Salta que desde 2009 reclama una solución a la presencia de reclusos de jurisdicción federal en establecimientos provinciales”. Además explicaron que la situación ya había sido advertida en 2009 cuando la Corte Salteña advirtió, mediante la acordada 10478, que “la presencia de presos de jurisdicción federal como causa del agravamiento de las condiciones de alojamiento de los internos provinciales”. Incluso en septiembre del año 2010, el Ministro de Justicia Julio Alak, había comprometido soluciones transitorias a la presencia de presos federales en dependencias policiales y penitenciarias provinciales, respondiendo a una solicitud realizada en ese sentido por el Gobernador, Juan Manuel Urtubey y el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Posadas. De igual manera el Juzgado Federal 1 de Salta hizo lugar a un Hábeas Corpus correctivo ordenando que el Servicio Penitenciario Federal traslade a detenidos a disposición de la Justicia Federal a un establecimiento carcelario de esa jurisdicción. En marzo de 2010, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó dicha sentencia.

La Justicia cordobesa pone nuevas trabas a los partidos políticos

El Tribunal Electoral de la provincia de Córdoba informó que prohibió difundir resultados de encuestas diez días antes de las elecciones, que se realizarán el siete de agosto. No se podrán dar a conocer relevamientos de opinión o sondeos de boca de urna. La normativa rige desde el jueves 28 de julio y hasta las 21 horas del mismo día de los comicios. Los jueces entendieron que era pertinente aplicar el artículo 219 del Código Electoral: “queda prohibida la difusión de resultados de encuestas de opinión desde los 10 días inmediatamente anteriores al día de las elecciones, y la difusión de resultados de sondeos de boca de urna, hasta tres horas después del cierre del acto electoral”. A su vez, el artículo 154 del mismo Código prevé que los que violen la veda podrán ser sancionados: “el que cometiere cualquiera de las infracciones previstas en el artículo 66 de la presente ley y que no tuviere una sanción específica será reprimido con arresto de hasta cinco días o multa equivalente al 10 por ciento de un salario mínimo, vital y móvil”.