En Santa Fe evalúan abrir una oficina piloto para analizar medidas alternativas a la prisión preventiva. Hubo reuniones entre representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos y miembros del Estado provincial.
En una reunión realizada en Rosario, miembros del Departamento de Justicia de Estados Unidos con autoridades de la Corte Suprema y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, que impulsa –junto al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)– un programa piloto de Oficina de medidas alternativas y sustitutivas a la prisión preventiva.
Los representantes del Poder Judicial estadounidense dictaron talleres a los fiscales regionales de la provincia, quienes fueron designados por concurso para poner en marcha el Ministerio Público de la Acusación.
Los encargados de organizar y coordinar los talleres para los fiscales fueron Virna Santos, directora regional para América Latina y el Caribe de la Oficina para el desarrollo, asistencia y entrenamiento a Ministerios Públicos extranjeros del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y Víctor Hugo Hurtado, fiscal del Ministerio Público Fiscal de Colombia.
Al respecto, el ministro de Justicia santafesino Héctor Superti precisó que “se analizó la organización de una oficina piloto que preste servicios al Poder Judicial para sustituir en los casos que corresponda la prisión preventiva por medidas alternativas (por ejemplo prisión domiciliaria, aplicación de reglas de conducta, etcétera)”.
“Esa oficina, que funcionaría en la órbita de la Cámara Penal de Rosario, recabará y confirmará información para que las partes discutan ante el tribunal la posibilidad o no de esa alternativa y éste resuelva su eventual aplicación”, consignó Superti.
Si la medida se aplica, la oficina también se encargará de controlar su cumplimiento.
A los fines de dar a conocer la medida, también hubo reuniones entre el ministro y los integrantes de la Corte Suprema Daniel Erbetta y María Angélica Gastaldi, el defensor provincial Gabriel Ganon –titular del nuevo Servicio Provincial de Defensa Penal–, miembros de la Cámara Penal de Rosario e integrantes del INECIP y funcionarios de la cartera de Justicia y Derechos Humanos de la provincia.