La Legislatura de Río Negro sancionó una Ley para adherir al Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad. La iniciativa prevé crear y administrar un Registro Provincial de delitos impunes y la suspensión de los remates judiciales de inmuebles que son utilizados para la producción de bienes primarios.
En 2008, el secretario Legal y Técnico del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad y el ministro de Gobierno de Río Negro firmaron un convenio para que esa provincia pudiera adherirse al plan.
Más de tres años después, la legislatura rionegrina finalmente sancionó la Ley que incorpora a la provincia a ese Programa.
La idea de la iniciativa es ordenar el funcionamiento entre la Provincia con sus municipios, Organismos No Gubernamentales relacionados con la temática y ciudadanos comunes “para consolidar y proteger un régimen de libertad y justicia fundado en el respeto a los derechos esenciales del hombre”.
A través de este programa los tres poderes del Estado trabajan conjuntamente para analizar los reclamos de Justicia que surgen de la sociedad civil para, de esta forma, tutelar sus derechos esenciales.
Entre otras medidas, se prevé la creación y administración de un Registro Provincial de delitos impunes o con resolución demorada, haciendo énfasis en aquellos en los que pueda existir responsabilidad de parte de algún organismo de seguridad o cualquier otro ente estatal.
Pero además, y como uno de los puntos fuertes, se estableció la suspensión de los remates judiciales de inmuebles que funcionen para producir bienes primarios y de los muebles como “herramientas de trabajo, semovientes, tractores, todo tipo de automotores y acoplados destinados a la producción, por deudas dinerarias de cualquier tipo contraídas para ser aplicadas al desarrollo o mejora de la unidad productiva”.
“Cualquiera sea la fecha de la mora y siempre que su monto original no supere los 300 mil pesos o su equivalente en moneda extranjera al momento de la toma del crédito mientras dure la emergencia social.”