La Comisión de Administración y Financiera analizó el pago de haberes no abonados al hijo de Guillermo Díaz Lestrem y Nelly Esther Ortiz, ambos víctimas de la represión ilegal durante la última dictadura.
Díaz Lestrem no es un apellido ajeno en el ámbito del Poder Judicial, su historia trágica recorre los pasillos de los tribunales y sirve para recordar lo que la dictadura militar también significó en el trabajo diario de los profesionales.
Defensor oficial, Guillermo Díaz Lestrem (conocido como “el chino”) fue secuestrado dos veces durante la última dictadura militar. La segunda de ellas mortal, ya que apareció su cadáver en la zona de Palermo. Misma suerte corrió su esposa, Nelly Esther Ortiz, desaparecida en noviembre de 1976, fue declarada judicialmente ausente con presunción de fallecimiento.
Hoy a más de 35 años de los hechos su hijo, Martín Díaz Lestrem, intenta se paguen sueldos pertenecientes a su madre que van desde noviembre de 1976 a mayo de 1978.
En la última reunión de la Comisión de Administración y Financiera se analizó la solicitud de Díaz Lestrem (“Solicitud Díaz Lestrem s/ su presentación-ref. causa “Ortiz Nelly Esther s/ sucesión Ab Intestato”) a partir de un proyecto de dictamen elaborado por Hernán Ordiales, y firmado por ocho consejeros.
Ordiales tomó la palabra y leyó fragmentos de un reportaje realizado a la ministro de la Corte Suprema, Carmen Argibay, con motivo de cumplirse 30 años del golpe. Allí la ministra sostuvo que “el Chino…fue una persona íntegra y coherente con su idea de que uno debía vivir en un estado de derecho. Por eso poco antes de su segundo secuestro…en lugar de escaparse presentó un habeas corpus preventivo y se entregó en un juzgado”.
“Pasó un par de días en la Alcaldía del Palacio de Justicia hasta que cada una de las Fuerzas informó al juez que o había ninguna orden de detención contra él. Y a pesar de que sus amigos abogados le aconsejaron que se fuera, el insistía: ‘porqué me voy a ir si no tengo nada que temer y estoy utilizando la vía que corresponde en un estado de derecho”, recordó Ordiales a través de la lectura del reportaje a Argibay.
Sin embargo, al momento de decidir aprobar o no el proyecto de dictamen en la comisión Ricardo Recondo, representante de los jueces, dijo que “la reivindicación, tengo dudas de que el Consejo tenga la facultad de hacerlo”.
En contrapartida el representante académico, Manuel Urriza, explicó que “está debidamente fundado desde el punto de vista jurídico, y agregó: “lo que me da una especie de vergüenza es que el Poder Judicial está dando vueltas para darle una reparación económica (reparación de haberes)”.
“Les pido que no se postergue este tema” le dijo a los consejeros presentes Ordiales ya que la “reivindicación ha sido postergada durante 15 años”. Asimismo explicó que el acogimiento favorable de la solicitud “en ningún modo significa la creación de un derecho especial” puesto que es el “reconociendo de un beneficio ya concedido a su madre y que, en su carácter de único heredero le corresponde ejercer”.
“Cabe entender este reclamo, bajo la política de reparación histórica que está llevando a cabo el Estado Argentino a través de los distintos poderes que lo integran”, agregó Ordiales.
Finalmente, la comisión aprobó el proyecto y lo giró al Plenario del organismo aunque decidió que debe expedirse sobre el tema Asuntos Jurídicos del organismo que deberá elaborar el dictamen respectivo.