22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

Se mira y no se toca

El juez Cavallo mostró hoy a la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura el expediente que trata del supuesto enriquecimiento ilícito de Liporaci.

 
El juez federal Gabriel Cavallo se hizo presente hoy ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura junto al fiscal federal Pablo Rechini, para enseñarles a los consejeros las fojas del expediente que instruyen contra el juez Carlos Liporaci por el supuesto “enriquecimiento ilícito”.

Según manifestó esta tarde el consejero y abogado Juan Gersenobitz a Diariojudicial.com la reunión, que se realizó a puertas cerradas con Cavallo y el fiscal Rechini fue “un intercambio de información” al tiempo que acentuó “no queremos violar el secreto de sumario”.

Cavallo les mostró a los consejeros –según Gersenobitz—“información relacionada a tarjetas de crédito y documentación bancaria”.

Por otra parte Gersenobitz señaló que el juez tendrá que demostrar como pagó su casa con “una capacidad de ahorro, sumando el ingreso del grupo familiar, de 30 mil pesos”.

El consejero manifestó que “los tiempos procesales del juez, son de aproximadamente dos meses más”. Con relación a la posibilidad de que la Comisión de Acusación pudiese solicitar otras medidas de prueba, el letrado aseguró que “lo que el juez presentó, para nosotros es suficiente” y que “no podemos solicitar la remoción a Liporaci, en tanto Cavallo siga investigando la causa”.

Los integrantes de la Comisión de Acusación no pudieron fotocopiar ningún cuerpo del expediente relacionado a la misma causa que investiga la Comisión, en razón del secreto de sumario decretado ayer por Cavallo. Lo que se pretendía fotocopiar antes del secreto de sumario impuesto, estaba relacionado al resultado de los allanamientos que realizó el magistrado federal a sendas inmobiliarias de la zona de Vicente López, donde Liporaci tiene una propiedad valuada –según los peritos de la Corte—en un millón de pesos, pero que según el juez investigado, había sido adquirido por 600.000 pesos.



dju / dju
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