Ariel Vercelli es investigador del Conicet y presidente de Bienes Comunes, una asociación civil radicada en Buenos Aires cuyo fin es "el desarrollo, la promoción y la protección de los bienes comunes de la humanidad". En este reportaje con DiarioJudicial.com, Vercelli habló sobre la relación entre derecho y la tecnología, las licencias y derechos de autor, el "software público" y el acceso a la información.
¿Quiénes son en el ámbito local los actores interesados en el uso de las licencias?
Hay muchísima gente interesada, desde gente que quiere liberar un poema hasta una obra musical, hasta gente que está pensando ya en montar empresas por ejemplo de desarrollo de software y demás. Los interesados son todos aquellos que en algún momento quieren utilizar en términos un poco más abiertos, más flexibles, el derecho de autor para no tanto restringir sino compartir las obras intelectuales. O bien, que, por la razón que sea, en términos económicos, en términos políticos, o en términos de la libertad de expresión, o en términos de la razón que sea, así que ahí hay muchos interesados. Lamentablemente las licencias abiertas o las licencias que se utilizan a nivel comunitario y a nivel internacional no dan mucha información de cuáles son sus usos, están alojadas en otros países y sería bueno y conveniente que la Argentina desarrolle su propio sistema de licencias abiertas como para que la gente no esté mucho más aggiornada, que es lo que ocurre, y además que ese sistema se pueda optimizar en función de los usos concretos que se hacen en el país.
¿Notas algún avance en la apertura de nuestro país con respecto a las licencias?
En realidad la apertura no la traen las licencias sino que se da por la arquitectura política que tiene Internet, es decir, a través de la capacidad que tienen ahora los usuarios finales que producen valor intelectual de compartirlo o de producirlo colaborativamente. Esta es la clave de lo que es la apertura y de qué es lo que está cambiando. Y en términos de la apertura que pueden dar algunas licencias o de la libertad para compartir son simplemente un documento de carácter privado que en realidad la podría hacer cualquier persona en su casa, y de hecho podría hacer el ejercicio de redactar una licencia o de poner contenidos en un sitio particular, bajo algunas condiciones que el mismo elija. En términos de lo que el Estado hace en relación a la producción de valor intelectual por ejemplo datos de más, ya la situación es distinta. Ya los Estados como garantes de la soberanía como Estados soberanos y sobre todo pensar en términos de soberanía, en términos jurídico políticos es importante que desarrollen sus propias herramientas. Lo digo pensando mucho en lo que está viniendo asociado al concepto "gobierno abierto" en términos de datos abiertos, de la gestión de la información pública y cómo el Estado se posiciona estratégicamente para definir qué se comparte y hasta dónde. No es lo mismo compartir o abrir datos para un ciudadano que, por ejemplo, para Google, para Facebook, o para alguna empresa transnacional.
¿De qué se trata la liberación de obras intelectuales bajo licencias abiertas?
El derecho de autor a nivel internacional, por los tratados internacionales, le da a cada autor como una extensión de un derecho humano la posibilidad de que defina bajo qué condiciones o cuál es el alcance que va a tener su obra intelectual. Es decir, le da las facultades, la potestad, para que defina qué es lo que quiere hacer con su obra. Puede tener un resguardo en términos morales, en términos personales, y puede tener también resguardos en términos patrimoniales, esos derechos están garantizados. Cuando uno utiliza una licencia libre o abierta lo que está haciendo es conceder determinados derechos de reservarse algunos derechos y otros liberarlos, dejarlos abiertos porque está pensando en un nuevo negocio, o en la llegada que va a tener su obra en términos de un público más amplio, o está viendo de meter su obra en algún sistema de pares como para que circule libremente y las condiciones legales de hasta dónde se puede copiar o puede circulary que ya estén establecidas, acompañen efectivamente lo que es la obra. En esos términos, el licenciamiento abierto libre acompaña estratégicamente a aquello que es la obra. Es decir, define el alcance que va a tener en las redes digitales la obra intelectual.
¿Cuál creés que es el rol de la Ley de Medios en términos de licencias intelectuales y acceso a la información?
Está muy relacionado. Lamentablemente la Ley de Medios no atiende lo que es la lógica de lo que es las redes electrónicas distribuidas, pero sí otros proyectos de la Agenda Digital Argentina. La Ley de Medios en realidad es una ley que todavía, a pesar de ser una de las más avanzadas del mundo y de América Latina, que hasta es un orgullo en términos de lo que está generando, lo que pensó es una especie de desconcentración de medios, no pensó en términos de redes distribuidas. Yo creo que habría que pensar eso y además servir ya en lo que son estrategias en términos comunicacionales, en términos de servicios audiovisuales, de lo que va a venir en función de las tecnologías digitales. Ahora, ¿cuál es el emergente? El emergente es que hay un desarrollo, una democratización de la información, ya se nota, a pocos años si se quiere de su sanción. Después hay una especie de federalización de estos contenidos o de aquellos servicios y de todas las estrategias de infraestructura pero también de contenidos que se están pensando en la Argentina. Eso tampoco existía. Hay como otra ecología de medios y hay una tendencia, otra dinámica hacia la convergencia digital en esos términos. No fue pensado para eso, pero está sirviendo justamente para eso. Los otros temas fuertes que me parecen bien interesantes para analizar son dos patas: uno, un desarrollo científico-tecnológico que esto está produciendo y se puede ver por ejemplo en la Televisión Digital Abierta o se puede ver en Argentina Conectada o mismo en Conecta Igualdad y otro es que los contenidos al estar federalizados y al estar metidos en cada uno de los espacios regionales o de las provincias, empiezan a mostrar, empiezan a reflejar. Primero se empiezan a producir, se genera de esta forma una industria local, y en segunda instancia los contenidos empiezan a reflejar lo que la gente es. Es decir, la Ley de Medios nos refleja lo que realmente somos, con virtudes y defectos, pero nos devuelve una imagen o nos devuelve una forma de comunicación que en realidad nos involucra, porque hasta ahora teníamos una imagen como demasiado centralizada en Buenos Aires, más o menos monopólica, más o menos conflictiva y todo lo que uno quiera agregar en términos de lo que fueron las discusiones de estos últimos años. Pero lo que efectivamente se ve ahora es que la federalización o la reubicación de la producción de esos contenidos hace que uno pueda verse reflejado. No es lo mismo la gente que está produciendo contenidos en Jujuy que en Ushuaia, que en Rosario o mismo en Buenos Aires. No es lo mismo y eso me parece que es un emergente típico de este tipo de leyes que lo que hacen es favorecer el crecimiento nacional en términos identitarios. En ese sentido yo escribí una columna en el blog de la Agenda Digital en Télam en donde al final decía que la igualdad o la lucha por la igualdad en términos de lo que efectivamente los medios comunican de nosotros mismos también es inclusión social.
¿De qué forma piensa que influiría el software público en Argentina?
Influiría mucho para estrategias muy positivas en el desarrollo nacional. Hay al menos tres formas de ver el software. En principio, ¿qué es el software? Es la capacidad que tenemos como seres humanos de transmitir, de comunicar algo a las máquinas. Estoy hablando en términos del soft que se usa para una usina atómica o el soft que se utiliza para el tráfico, para manejar este edificio, para manejar DiarioJudicial.com o para programar una computadora. Todo eso se relaciona con el software. Se relaciona en términos de las instrucciones que les podemos dar a las máquinas, formas de comunicarnos con las máquinas y de comunicarse las máquinas entre sí. Como resultado inicial de este tipo de interpretaciones del software es que es una pieza política muy fuerte. De hecho si uno mira las capas de Internet y analiza el software en términos de política, se da cuenta que la parte de la discusión jurídico política siempre estuvo. Hay dominación en términos de una base material, es decir, la infraestructura, si uno tiene o no cables que lleguen a conectarlo. Pero hay ciertas discusiones que se dan en la capa del software. Así que el software público tiene que ver al menos con dos cosas que quiero decir. Uno ve que hay relaciones sobre el software privativo, es decir, aquel software que se regula como una obra intelectual y que está circunscripto a que quien produjo el soft puede hacerlo. También hay una base comunitaria en los movimientos del software libre que son justamente eso, comunitarios. Aparece como si fuera uno de los bienes comunes. Pero también hay otra forma de ver el software y es que hay una producción de este software en términos del Estado. Es decir, ¿cuántas veces el Estado paga por la misma pieza de software? O para la misma gestión de un sitio web. ¿Cuántas veces paga por las mismas bases de datos? Entonces, cuando uno se poner a hablar en términos de software público ve el rol que tiene el Estado en la producción pero también en la administración y en las estrategias que vinculan el software con lo que son las estrategias en el Estado. Así que hay una forma privativa o privada de ver el software, una comunitaria, pero también hay un formato público. Es decir, el Estado, pensando también en términos de soberanía tecnológica, debe producir y debe regular específicamente lo que atañe a su software. No solamente en términos económicos sino también en términos jurídico políticos, pensando en términos de soberanía, pensando en términos de interés o de protección de intereses nacionales, etcétera. Así que, hay una posición que está fuerte sobre lo que ocurre en el Estado con el software.
Recientemente hubo un proyecto para imponer un Cánon Digital a distintos formatos para almacenar datos. ¿Esta iniciativa podría “chocar” de alguna forma con la idea del software público?
No necesariamente, el soft público tiene una definición bien concreta y tiene sus formas de licenciamiento que se están produciendo. En Argentina el concepto está muy relacionado con el soft libre, con la utilización de licencias libres afortunadamente, más allá de que haya algunas soluciones puntuales, y el caso del Cánon es completamente distinto. El Cánon está avanzando indebidamente sobre un tipo de gestión colectiva, “objetiva”, porque el tipo de gestión que se hacía antes de saber qué utilizaciones se están dando de una obra intelectual en las redes electrónicas distribuidas ya no sirve más. Entonces, a eso se quiso llevar una solución que es un poco agarrar el mundo a martillazos para que entre y se ajuste a un determinado molde y lo que se intentó hacer es sacar esto. Afortunadamente hubo mucha gente alerta sobre esta iniciativa y el proyecto fue para atrás. Se inició como un proceso de escucha activa y en términos de lo que era una posición gubernamental el proyecto fue dado de baja. Hubo mucha opinión de redes comunitarias, mucha gente que aportó a eso, y lo que se llegó a ver es que, por ejemplo, el proyecto no había sido armado teniendo en cuenta muchas voces e intereses. Había sido armado con el esquema o la maqueta de los intereses clásicos de la gestión de obras intelectuales y eso ya no se puede sostener más. Si ya estamos hablando que Internet tiene varios años, digamos veinte, por decir algo, y su impacto fuerte ya se ve, nosotros lo vivimos como generación. Las soluciones de cincuenta años atrás ya no se pueden aplicar ahora. Y además lo que intentaba el cánon o esta remuneración por copia privada era resolver algo muy pequeño, se lo confundió con el tema de piratería, con un montón de cosas más que no tenían razón de ser. Lo que deberíamos hacer como sociedad es abrir estas discusiones y que todos los intereses estén representados en una regulación un tanto más equilibrada.
¿Cuál es la posición actual en Argentina de las sociedades de autores sobre los bienes comunes?
En principio hay muchísimo desconocimiento. Así como se intento imponer el Cánon, hay mucha falta de información sobre cómo funcionan las licencias abiertas o libres, pero también hay mucho desconocimiento de cómo funciona realmente Internet. ¿Por qué digo esto? Primero porque quienes están tomando decisiones sobre cómo regular este tipo de cosas, no digo que estén viejos, pero pertenecen a otras generaciones. Sería interesante que algo de todo el conocimiento que tenemos nosotros como generación inunde este tipo de soluciones. En principio, en algunos sectores, en algunos referentes, no están tan en contra. Es medio un prejuicio decir que están en contra de los espacios de libertad o de que la gente empiece a utilizar este tipo de licencias. Sí un licenciamiento nacional, nosotros necesitamos un sistema de licencias ideado, pensado, actualizado, optimizado para la Argentina, no para otro aparte del mundo. En ese sentido es importante remarcar que nosotros en términos jurídico políticos desarrollemos nuestra propia legislación o nuestro propio set de licenciamiento, y que a partir de ahí lo vayamos ajustando en función de los distintos intereses. Pero el tema que me parece que es necesario recalcar es que no todos tienen una posición en contra. Se empieza a ver cada vez con mayor claridad que hay espacios privados donde la gente define que es lo que quiere hacer, acompañado por mayores o menores medidas tecnológicas, acompañamiento de estándares o de más o menos clausura en términos de intranets o en términos de algún tipo de loggeo para algunos sitios y demás. Hay otro espacio que tiene que ver con lo público que recién hablábamos en relación al soft público y las responsabilidades que tiene el Estado, y hay otro espacio que necesariamente debe quedar como abierto. No todo puede ser auditado, no todo puede ser controlado. La gestión colectiva en Argentina todavía se piensa como algo monolítico que debe cubrir todo y eso no es así, eso atenta contra la misma gestión más bien de la industria cultural. Sin gestión colectiva Argentina estaría en una situación debilitada frente a otras industrias fuertes también, no solo de América Latina sino de nivel mundial. ¿Quién va a gestionar el tango o Mercedes Sosa que se está escuchando en alguna parte del mundo? La gestión colectiva. De hecho la arquitectura mundial sobre la gestión colectiva ya es así. No es que hay que derrumbar eso, lo que hay que hacer es ajustarla como está ocurriendo hoy en día, y para eso hay que trabajar, hay que investigar, hay que invertir en tecnología por parte de la gestión colectiva y buscar soluciones que se ajusten a, por un lado, lo que son las soluciones más industriales, en donde la gestión colectiva tiene que tener una pata muy fuerte, y en otro dejar liberado aquello que es la gestión de la cultura, que no necesariamente tiene que ver con Cánon, ni con impuestos, ni con remuneración con copia privada, sino que tiene que ver con espacios más abiertos en donde la gente decida y pueda hacer lo que efectivamente quiere hacer. No necesariamente tienen que auditar eso. Son espacios más abiertos, de producción colaborativa en donde las licencias abiertas o libres tienen un rol que jugar ahí. Así que eso se va viendo cada vez con mayor claridad.
No hay soluciones precisas o concretas todavía, pero ya las va a haber, las tenemos que desarrollar. La idea es que nosotros pensemos y volvamos a confiar en que la producción jurídica, lejos de estar privatizada como estuvo durante tanto tiempo y que algún iluminado de algún estudio jurídico que trabaja porque es amigo de no sé quién, efectivamente encuentra una solución, sino que esto se tiene que debatir como un proceso de gobierno abierto.