Lo consigna el informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación presentado en el Congreso de la Nación. En el 30% de esos casos, la Procuración se presentó como denunciante. La mayoría se registró en las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz. Entre enero del 2009 y marzo de este año hubo 91 fallecimientos.
La Procuración Penitenciaria de la Nación difundió esta semana el informe sobre la situación en las cárceles federales durante el 2010. En él consignó que durante el último año se investigaron y documentaron 195 casos de maltrato y tortura en cárceles argentinas. En tanto que hubo 31 muertes el año pasado y en el primer trimestre del 2011 son 13 los fallecimientos documentados.
Este es el tercer informe anual de procesamiento de los casos totales de tortura investigados y documentados por el organismo. Entre octubre de 2007 y diciembre de 2010 la Procuración documentó 525 casos de maltrato físico y tortura en el ámbito federal, siendo 195 de estos los que se investigaron y documentaron en 2010.
De estos, 66 resultaron denuncias penales, es decir que en el 34% de los casos registrados durante el último año la Procuración Penitenciaria se presentó como denunciante. En tanto que los 129 casos restantes se constituyeron en informes con reserva de identidad.
Entre los complejos penitenciarios que agrupan la mayoría de los casos se encuentran los de Ezeiza y Marcos Paz, allí al igual que en 2009 se agrupan la mayoría de los casos de tortura y malos tratos. Sin embargo el informe destaca “el aumento del porcentaje de casos en la Unidad 3” que pasó de 4 casos en 2009 pasó a 36 casos en 2010.
El Servicio Penitenciario Federal cuenta con 35 cárceles distribuidas por todo el territorio nacional, que alojan un total de 9.580 detenidos a diciembre de 2010, según datos brindados por el informe. Asimismo, el 79% de las víctimas de malos tratos expresó “haber sufrido lesiones como consecuencia de los golpes y agresiones recibidas”. Entre los tipos de lesiones ocasionadas se destacan las “dificultades para caminar/trasladarse” y los “sangrados” con posterioridad a los hechos.
El trabajo realizado por la Procuración Penitenciaria destaca que “es un procedimiento rutinario del servicio penitenciario aislar a la persona golpeada o torturada, ocasionando un castigo suplementario a través de la imposición arbitraria de sanciones disciplinarias formales o informales”. El 37% de las personas entrevistadas dijeron haber sido aisladas después del hecho de maltrato, agrega.
Asimismo se consigna que “los procedimientos rutinarios de requisa de pabellón siguen siendo circunstancias en las que la violencia penitenciaria se despliega en forma regular y sistemática”. El 27% de las personas manifestaron haber sido agredidas durante las requisas.
Luego, en cuanto a las muertes en el Sistema Penitenciario Federal, el informe subraya que entre enero del 2009 y marzo de este año hubo 91 fallecimientos: 47 en 2009, 31 en 2010 y 13 en el primer trimestre del 2010. Aunque destacan desde la procuración que “la reducción en las muertes registradas en el año 2010 se encuentra íntimamente relacionada con la falta de información proporcionada por la autoridad penitenciaria, por lo que se desconoce la cifra total de muertes para ese año”.
“En cuanto a los establecimientos donde ocurren, es posible afirmar que luego de la Unidad N°21 S.P.F. y el C.P.F. CABA, es el C.P.F. I de Ezeiza la unidad con mayor cantidad de muertes en el período 2000- 2010, alcanzando la cifra de 82 decesos”, agrega el informe.
En cuanto a la tramitación de habeas corpus, desde la Procuración Penitenciaria sostienen que “se destacan las acciones colectivas presentadas en materia de alimentación de las personas presas, de la aplicación de medidas de aislamiento prolongadas como la denominada ‘sectorización’ y en materia de condiciones materiales de alojamiento que constituyen agravamiento ilegítimo de la detención”.
Aunque respecto a los resultados de estas acciones señalan que han sido “dispares” pero observan “mayores niveles de resoluciones favorables en segunda y tercera instancia que en los jueces de grado”. “En varios de los habeas corpus colectivos correctivos interpuestos en el año 2010 la PPN ha recurrido los fallos de primera instancia y sus confirmaciones por el Tribunal superior, llegando a la instancia de Casación en tres oportunidades, todas ellas con resultados favorables a las pretensiones del Organismo”, consignan.
La presentación del informe se realizó en el Congreso de la Nación el pasado 27 de septiembre en donde participaron el procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, la decana de la Facultad de Derecho de la UBA, Mónica Pinto y Leonardo Filippini, abogado especialista en Derecho Penal.