La decisión de la Corte, de poner en conocimiento del Ministerio de Justicia la situación carcelaria de las provincias de Salta y Jujuy, responde al hecho de que las medidas propuestas por los funcionarios judiciales de aquella región para solucionar el problema exceden el ámbito de las facultades propias del Alto Tribunal de la Nación.

La Cámara Federal de Salta elevó, en la citada Acordada, un informe en el que explicó que "como lógica consecuencia del aumento del tráfico de estupefacientes y del número de causas penales, también ha crecido sensiblemente la cantidad de personas privadas de su libertad por disposición de los Tribunales Federales de Salta y Jujuy".

Las personas respecto de quienes se dispone la privación de la libertad -por la imputación de un delito federal- son distribuidas en diversas dependencias del Servicio Penitenciario Federal y de Gendarmería Nacional Argentina.

Sin embargo, ante la superpoblación carcelaria, y la ausencia de recursos materiales y humanos suficientes para atender el problema, muchas personas detenidas son derivadas a servicios penitenciarios y comisarías de las provincias de Salta y Jujuy.

En particular, la Acordada 5/2011 de la Cámara Federal de Salta, contiene una serie de propuestas destinadas a solucionar los inconvenientes del sistema carcelario tales como "la adopción de las medidas necesarias para la radarización integral de la frontera, la habilitación inmediata del Complejo Federal de la ciudad de General Güemes, en Salta" y "la ampliación de la cárcel federal de Cerrillos".

Asimismo, el Tribunal Federal de Salta también propuso "la construcción de otro establecimiento federal en la zona norte de la jurisdicción" y la concreción de "negociaciones con el Gobierno de la Provincia de Salta, con el objeto de mantener el cupo de presos federales que actualmente se albergan en el Servicio Penitenciario de la provincia".

Es preciso destacar que, además, la Cámara de Salta hizo especial hincapié en la problemática que representa el narcotráfico en la frontera de Argentina, y en la necesidad de "brindar una solución a la protección de nuestras fronteras frente al tráfico ilícito de estupefacientes".

De este modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, remitió el informe de la Cámara Federal de Salta al Ministerio de Justicia de la Nación con la finalidad de que este organismo tome conocimiento de la situación carcelaria en esa provincia, y en Jujuy, dado que las acciones necesarias para paliar esa crisis exceden a las facultades propias del Máximo Tribunal de la Nación.