El STJ intervino para que los 12 policías cesanteados por reclamar mejoras laborales y el gobierno provincial llegaran a un acuerdo para la indemnización. Así se puso fin al litigio que llevan adelante desde 2007.
En 2005 comenzaron a protestar, de modo pacífico, 12 policías de la Unidad Regional y Penal de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Buscaban mejoras laborales y salariales. En 2007, luego de diversos movimientos administrativos, finalmente, fueron cesanteados. Desde entonces, los ex uniformados siguieron manifestándose, organizando, por ejemplo, huelgas de hambre.
Además, la Cámara Laboral decidió revocar la medida tomada por la Policía de esa provincia y obligó a la fuerza a reincorporar a los funcionarios.
Finalmente, y a través de la Fiscalía de Estado, el asunto fue remitido al Superior Tribunal de Justicia (STJ) rionegrino desde donde intervinieron logrando llevar a un acuerdo de las partes. Desde el organismo policial se comprometieron a pagar indemnizaciones y brindar el dinero correspondiente a los ascensos que les corresponderían a los oficiales alejados de la fuerza, quienes a cambio se comprometieron a finalizar el litigio.
“La Provincia de Río Negro se obliga con respecto a los actores a lo siguiente: reincorporarlos a la fuerza policial en un plazo de quince días hábiles computados a partir de la fecha de la homologación judicial del convenio; abonarles los salarios comprendidos en el período reconocido en la sentencia de la Cámara del Trabajo de Bariloche - 29.06.07 hasta el 17.04.09 - conforme los datos que suministra la Jefatura de Policía, tomando en cuenta la jerarquía que poseían los actores al momento de los hechos motivo de la demanda”, dice el fallo del STJ.
Los ministros del máximo Tribunal rionegrino, además, consignaron que “los montos de capital más intereses al 30.09.11, que corresponden se abonen a cada actor por el período indicado en el párrafo anterior, son los siguientes conforme datos de remuneración dados por la Policía de la Provincia y liquidación provisorias de capital e intereses practicada por área contable de la Fiscalía de Estado”, para sellar parte del acuerdo.
En referencia a los pagos, los miembros del STJ aseguraron que “queda en claro que las liquidaciones deben corresponderse a las categorías que detentaban al momento de la cesantía, y que la provisoriedad refiere a los montos de los ítems que constan en las respectivas liquidaciones practicadas por la Policía que se agregan a la causa”, en relación a las indemnizaciones que serán de más de 640.000 pesos.
En tanto, la provincia se comprometió a pagar los montos especificados en el fallo del STJ en el plazo de quince días.
Pero en los términos del acuerdo, también es importante remarcar el papel de los 12 policías cesanteados, quienes “aceptan las condiciones determinadas en la cláusula primera para poner fin al litigio y renuncian de modo total y absoluto a reclamar cualquier otro eventual daño que reclamaran en la causa antes detallada y/o que se considerasen con derecho a demandar en virtud de los hechos objeto de la causa judicial en cuestión”.
Finalmente, los ministros del STJ advirtieron que “en el supuesto de que la demandada no cumpliere con las obligaciones contraídas en el presente convenio, habilitará a los actores dejar sin efecto este instrumento, y proseguir con las tareas de ejecución de la sentencia dictada por la Cámara Laboral de Bariloche, previa intimación por 5 días a la Provincia”.