Gallardo sí, Gallardo no

La designación interina de Roberto Gallardo como Defensor General Adjunto para el fuero Penal Contravencional y de Faltas porteño generó varias “suspicacias” puesto que el magistrado presuntamente se encuentra procesado, algo que de acuerdo con lo que expresa la Constitución de la Ciudad impediría su nombramiento como funcionario público.

Todo comenzó el 4 de octubre pasado cuando el Defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim, resolvió mediante la resolución 237/11 designar interinamente en el cargo al titular del juzgado N° 2 Contencioso Administrativo y Tributario como Defensor General Adjunto para el fuero PCyF “a partir del 17 de octubre del año en curso y hasta que se sustancie el respectivo concurso”.

Luego se formó una actuación en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad (Actuación CM Nº 21569/11 s/ Resolución DG Nº 237/11 s/ Designación interina del Dr. Roberto Gallardo a cargo de la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas) y el pasado martes, el organismo decidió aprobar la designación del magistrado.

El pasado 13 de octubre uno de los consejeros que había votado a favor de la designación, Javier Concepción, presentó una nota dirigida a la presidencia en la que solicita "determinar la operatividad de la designación efectuada".

La votación durante el Plenario marcó que Horacio Corti, Patricia López Vergara y Javier Concepción, votaran a favor de la confirmación de la designación, en tanto que Daniel Fábregas, también apoyo el voto pero "ad referéndum" de que se comprobara que el magistrado cumple con la Constitución. Mientras que, Gisela Candarle, se abstuvo de votar.

Candarle habló con DiarioJudicial.com acerca de lo sucedido en el Plenario y explicó que ante la duda acerca del procesamiento del magistrado “no podía acompañar la designación”. Asimismo la consejera, que se encuentra ocupando interinamente la presidencia del Consejo, anticipó que dará curso al pedido realizado por el consejero Concepción ya que se trata de un tema “muy sensible”. Ya mandó a formar actuación con el pedido del consejero y ni bien se terminen los procedimientos administrativos se enviaran los oficios correspondientes para solicitar información referida a la situación procesal del magistrado y establecer así el cumplimiento del artículo 57 de la Constitución porteña.

Candarle recordó que durante las actuaciones que se dieron ante el pedido de juicio político por parte de la empresa Coca Cola para con el magistrado, los apoderados de la empresa había informado que Gallardo se encontraría procesado. Aunque, como finalmente el juicio político contra el magistrado no prosperó, desde el consejo no se solicitó ningún pedido de información sobre el estado procesal del magistrado en aquel momento.

El mencionado artículo sostiene expresamente que “nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentra procesado por un delito doloso en perjuicio de la administración pública”. Al tiempo que se endurece si el funcionario fuese condenado por sentencia firma por delito contra la administración ya que en ese supuesto sería “separado sin más trámite”.

Según afirman varios medios Gallardo fue procesado en 2006 por el Norberto Oyarbide, lo que fue ratificado por la Sala I de la Cámara Federal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, ello en el marco de su actuación en el conflicto suscitado entre los trabajadores y la empresa que tiene al Casino Flotante de Puerto Madero. Gallardo asume el próximo lunes en la Defensoría porteña.

Cabe recordar que además de aprobar la designación interina de Gallardo, también el Consejo designó a los magistrados que subrogaran los dos juzgados en los que el magistrado se encuentra, uno en el que es el titular y otro que subroga. Para encargarse de las causas que llevaba el magistrado se designó a los jueces Elena Liberatori y Guillermo Schebler.