Claro que ahora la cosa tendrá que definirse, porque el juez federal Claudio Bonadío se mantuvo firme en su decisión. Al cierre de esta edición diariojudicial.com pudo saber que el juez había rechazado la reposición solicitada por los fiscales Rívolo y Navas Rial, quienes pretendían que el juez pusiera fecha y hora para las indagatorias fijadas en el expediente. Entre sus argumentos, el juez establece que la "Ley de fueros" alcanza a los miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo y miembros de la Corte Suprema de Justicia, "pero no a los jueces inferiores"
Bonadío había formulado un pedido de desafuero para el juez federal de Mendoza Luis Leiva y varios camaristas de esa provincia, en el marco de una denuncia penal que formularon los propios integrantes del Consejo por presunta asociación ilícita, desatando la inmediata reacción de los consejeros que entendieron que el magistrado había desconocido la nueva norma, sancionada en el marco del escándalo por los supuestos sobornos en el Senado.
La Comisión discutió la semana pasada un dictamen de los consejeros Melchor Cruchaga y Pablo Fernández, quienes habían propuesto enjuiciar a Bonadío por no aplicar la Ley de Fueros. Ese dictamen fue reformulado por sus autores, y el martes último propusieron no tratar este tema hasta tanto Bonadío resuelva el planteo de aplicación de la Ley de Fueros, devolverle las actuaciones al magistrado e impulsando en ese proyecto una investigación por mal desempeño del juez.
A raíz del dictamen, Fernández y Cruchaga, coincidieron en que el magistrado “no puede desconocer la existencia de la Ley”, en tanto el legislador justicialista Miguel Angel Pichetto señaló que “si bien nosotros no podemos omitir el desconocimiento de una ley vigente, porque fue la voluntad del Congreso otorgarle mayores facultades a los jueces, no sería conveniente abrir un expediente contra Bonadío”, al tiempo que subrayó “por un lado lo mandamos a investigar un supuesto delito y por otro le abrimos un juicio político que en este caso es un absurdo. Sí creo conveniente comunicarle la vigencia de la ley 25.320”, disparó el diputado. El consejero abogado Juan Gersenobitz, planteó un escenario posible para justificar la decisión del juez. Ante el hipotético caso de que el magistrado tuviese que ordenar la captura de un magistrado por una eventual fuga, preguntó, “¿cómo hace para detenerlo?”, al tiempo que contestó “tiene que pedir el desafuero”.
Bonadío, a través de una resolución enviada al Consejo de la Magistratura, pidió que el organismo someta a juicio político al juez federal de Mendoza, Luis Leiva, fiscales e integrantes de la Cámara Federal de dicha provincia, por supuesta “Asociación Ilícita”, delito no excarcelable. Los miembros de la Comisión de Acusación, formularon una denuncia penal contra Leiva y los funcionarios de la justicia mendocina, por los testimonios de uno de los testigos, el ex banquero Raúl Moneta, quien en reiteradas audiencias privadas con los consejeros habría confesado sobre la existencia de ese delito, donde supuestamente se encontraban involucrados los jueces y fiscales. El juez Leiva procesó a Moneta en una causa donde investigaba el cierre del ex Banco de Mendoza, y luego decretó su captura.
Desde el Consejo de la Magistratura, Gersenobitz y Pichetto son partidarios de citar al juez Leiva, quien está siendo investigado por “mal desempeño en su función”, pero antes de tomar esta resolución, la Comisión escuchará a la diputada radical Elisa Carrió quien según lo señalado por Cruchaga “puede aportar información sustancial para la causa”. Carrió fue citada en principio para el lunes 13 de noviembre, pero fuentes allegadas al cuerpo señalaron que no asistirá a la audiencia y probablemente declare por escrito. La legisladora anteriormente conformaba la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que cumplía la misma función que la Comisión de Acusación. Según voceros, Carrió habría recibido denuncias en su momento relacionadas a la causa de Leiva.
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