La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados firmó un dictamen de mayoría a favor del proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora deberá pasar por otras dos comisiones antes de llegar al recinto. Los detalles del acalorado debate.
Tras casi dos horas de debate la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, presidida por Juan Carlos Vega (CC) logró un acuerdo y firmó un dictamen favorable a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Más de treinta diputados asistieron a la reunión llevada a cabo en el anexo de la Cámara y que tuvo idas y vueltas constantes acerca de si convenía o no firmar el dictamen o esperar a realizar una reunión plenaria de comisiones.
La sala, atiborrada tanto de medios como de asistentes, fue testigo de la primera vez que el Parlamento trata el tema desde que se presentara en 1937 el primer proyecto sobre la temática y que logró sortear lo que Vega calificó como un “debate que estaba clausurado y silenciado”.
De esos treinta legisladores sólo doce pertenecían a la Comisión de Legislación Penal de los cuales siete firmaron el dictamen de mayoría que se encuentra firmado por cincuenta diputados y además cuenta con el apoyo de 250 organizaciones. La iniciativa plantea el derecho de la mujer “a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional”.
El debate en comisión sufrió cambios constantes, en un primer momento hubo una discusión más reglamentaria y de orden que sobre el fondo de la cuestión ya que la mayoría de los presentes en un primer momento impulsaba un comienzo de debate pero sin firma de dictamen. Lo que luego se modificó con el correr de los minutos.
“Es una de las primeras causas de mortalidad materna”, dijo Victoria Donda (FAP) y agregó que en “su gran mayoría se trata de mujeres jóvenes y pobres” ya que se trata de una práctica “segura sólo para las mujeres con plata”. Al tiempo que Marcela Rodríguez (DIP) agregó: “las que ponen el cuerpo y las que se mueren son las mujeres”.
Luego, el presidente de la comisión, Vega, explicó con respecto al dictamen de mayoría que “el proyecto tiene el aval del artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”. Este comentario hace referencia a lo que se dijo en una audicencia celebrada en julio de este año cuando Luz Patricia Mejía, integrante de la CIDH, explicó que el artículo establece que “en general, desde el momento de la concepción”. Por lo que, este “en general” marca que “no puede ser interpretado de una manera restrictiva”.
Vega, sin embargo no firmó el dictamen de mayoría y bregó la firma de un proyecto presentado por él, que logró dictamen de minoría, y que a diferencia de lo planteado modifica el artículo 86 del Código Penal de manera que “las excepciones a la punibilidad” que plantea la norma no vayan a la Justicia agregando al texto “será suficiente”, tanto la presentación del certificado autenticado de un médico diplomado o a certificación de la denuncia policial o judicial de la violación formulada por la víctima o su representante legal.
Uno de los momentos más álgidos que se vivieron fue cuando tomó la palabra el diputado salteño Alfredo Olmedo (Salta somos todos) y espetó: “es una pena de muerte anticipada a un niño por nacer” y agregó: “la solución a la problemática del aborto es a través de la vida”, “no tendría cara para matarla por más que sea legal”, concluyó. Inmediatamente le contestó Fernanda Gil Lozano (CC) quien le dijo que “en sus campos de soja explota chicos por ejemplo” y agregó: “hay que tener un poco de vergüenza”.
Ricardo Gil Lavedra (UCR) por su parte apoyó el proyecto, aunque reconoció disparidades al interior del bloque radical, bajo el fundamento de que “es la mejor manera de proteger al embrión” ya que se “traslada el tema del derecho penal a la salud pública”.
Más allá del paso que significa la firma del dictamen de mayoría, ahora la iniciativa para pasar al recinto deberá sortear otras dos comisiones, la de Acción Social y Salud Pública, y la de Familia, Niñez y Adolescencia. Asimismo, tal y como lo apuntó Diana Conti (FpV), durante la reunión, este “es un debate que no esta en la agenda del Poder Ejecutivo Nacional”; aunque aclaró que la “lucha por este derecho de las mujeres la vamos a seguir dando”.