Después de varios cruces entre el gobernador electo Carlos Soria y el Poder Judicial, la Corte Suprema suspendió el envío de veedores a esa provincia para documentar el conflicto. Si bien la Comisión de Protección de Independencia Judicial había tomado esta medida, esa determinación quedó en suspenso.
“Van a tener que dar cuenta de cada una de las sentencias que han firmado y de lo que han dejado hacer. A mi criterio se van a jubilar el día del arquero”. Las palabras fueron concretas y generaron, quizás, mucho más revuelo del esperado. Así se manifestó el último gobernador electo de la provincia de Río Negro, Carlos Soria, quien a raíz de esas declaraciones recibió apoyo de sectores partidarios pero, también, un gran repudio de parte del Poder Judicial a escala nacional.
Estas declaraciones de Soria surgieron a su vez de la presentación de renuncia del vocal del Superior Tribunal de Justicia rionegrino, Alberto Balladini, ante el Consejo de la Magistratura de esa provincia.
Las fuertes palabras de Soria hicieron que la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial (órgano presidido por Carmen Argibay) decidiera enviar un grupo de veedores a la provincia para seguir los movimientos en contra del Poder Judicial en Río Negro.
Pero esa acción no prosperó, ya que desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidieron que, dado que el conflicto pasó a una etapa de mayor calma, no había una mayor justificación para llevar a cabo la tarea.
“Encomendar a las Asociaciones que la integran (a la Comisión) para que, a través de los representantes que se designen, se constituya un equipo de observadores en dicha Provincia con el fin de recabar mayor información sobre la situación denunciada, la que será posteriormente puesta en conocimiento de esta Comisión”, consignaron desde el órgano en un comunicado elaborado el miércoles pasado, cuando se reunió a pedido de la Junta Federal de de Cortes Superiores Tribunales de Justicia.
El interés mediático que despertó el caso hizo que desde distintas organizaciones salieran al cruce de las declaraciones de Soria y a respaldar la labor del STJ rionegrino. Aunque, de todas formas, el gobernador recibió apoyo.
Así es que el legislador Fabián Gatti aseguró que elaboraría un pedido de juicio político contra los vocales del STJ, pero Soria se desentendió de este pedido, asegurando que él jamás instó a nadie a realizar tal acto.
Gatti alegó al respecto: “Comparto plenamente lo dicho por Soria, a la denuncia penal y al juicio político lo firmé yo, y no por cuenta y orden de alguien, sino bajo la firme convicción de estar articulando los mecanismos constitucionalmente previstos para salvaguardar el prestigio de las instituciones de la república".