El Superior Tribunal provincial, el Procurador General y el gobernador Jorge Capitanich se reunieron para tratar las delicadas usurpaciones de tierras en la localidad de Fontana. Según concluyeron en el encuentro, las tomas “se están tornando una constante”.
Los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, Ramón Ávalos -presidente- Alberto Modi, María Luisa Lucas se reunieron junto con el Procurador General, Jorge Canteros, y el Gobernador provincial, Jorge Capitanich, en busca de informar sobre la situación de las usurpaciones en la provincia.
Según informaron desde el Poder Judicial, en la reunión se trataron diversos temas vinculados al quehacer diario de ambos poderes del Estado y “en particular el relativo a las usurpaciones masivas, que afectan a la localidad de Fontana”, pero que, según sostuvieron, “se están tornando una constante en todo el territorio provincial”.
El gobernador, que estuvo acompañado por el vice Juan Carlos Vacileff Ivanoff y el subsecretario de Seguridad, Javier Oteo, informó a los ministros y al procurador acerca de las expropiaciones que se encuentran en marcha y las que están terminadas desde el año 1973 a la fecha.
Al tiempo que se refirió a la nueva ley de ordenamiento territorial que y que próximamente será remitida a la Legislatura provincial.
Tanto los ministros del STJ como el Procurador General explicaron a Capitanich que, “si bien no es intención del Poder Judicial criminalizar la protesta social ni la exclusión social, se aplicarán con firmeza las normas penales y procesales vigentes en la provincia”, consigna un comunicado enviado por el Poder Judicial provincial.
Posteriormente se realizó una reunión ampliada a la que, además de los presentes, se sumaron el jefe y subjefe de la policía y la plana mayor de la Policía provincial.
Allí el gobernador dispuso que se realice la prevención correspondiente para evitar nuevas usurpaciones. Al respecto anunció que “será inflexible en el cumplimiento de las leyes y el respeto a la justicia, sin apartarse de la protección irrestricta de los derechos humanos de todos los habitantes de la provincia”, prosigue el texto del comunicado.
Ademas desde la Procuración General provincial anticiparon que se fijará el modo de actuación con criterio unificado para estas situaciones de “usurpación masiva”.