La ministra del Tribunal de Apelaciones de Uruguay y presidente de la Asociación de Magistrados de ese país, Anabella Damasco, fue procesada por delitos de peculado y estafa. Asimismo se le rechazó la renuncia que presentó a su cargo de jueza y se le abrió un proceso administrativo.
Hasta hace no mucho tiempo, Anabella Damasco, se desempeñaba como ministra del Tribunal de Apelaciones de Uruguay y como presidente de la Asociación de Magistrados de ese país. En noviembre pasado fue procesada con prisión y la semana pasada se le rechazó su renuncia al cargo, por lo que podría perder derechos jubilatorios.
La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de Uruguay rechazó la solicitud de renuncia realizada por la jueza el día previo a ser procesada y decidió abrir un proceso administrativo a cargo de uno de los ministros del máximo tribunal de ese país y en donde la magistrada podría perder los derechos jubilatorios. La magistrada se encuentra suspendida en su cargo y con la retención total de sus haberes.
El 2 de noviembre pasado Damasco fue procesada con prisión y se le tipificaron seis delitos de peculado en reiteración real y uno de estafa. Según consignaron varios medios uruguayos, la magistrada fue procesada por el juez del crimen organizado, Jorge Díaz, a raíz de apropiarse de 55 mil dólares de tres cuentas corrientes de casos que en su momento estuvieron en su jurisdicción a su cargo mientras era jueza penal entre 2004 y 2007.
"Me reservo la respuesta" contestó Damasco cuando Díaz, y la fiscal Mónica Ferrero, le preguntaron sobre los motivos por los que, en algunos casos, realizó retiros de dinero a disposición del juzgado penal de 14° Turno de Montevideo, y en otros ni siquiera llegó a depositar los montos incautados, consignó el diario El País en su edición del 3 de noviembre pasado.
La magistrada procesada se desempeñaba desde mediados de 2009 como ministra del Tribunal de Apelaciones Penal de 1° Turno de Uruguay y ejercía la presidencia de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU).
En un breve comunicado, la Federación Argentina de la Magistratura precisó sobre los hechos ocurridos en Uruguay que “se llegó al procesamiento mediante investigaciones enteramente a cargo de autoridades judiciales, lo que se demuestra que el sistema ha sabido auto depurarse, mediante sus propias investigaciones, sin intervención alguna de la Policía o cualquier otra autoridad ajena al Poder Judicial”.
“Si bien la noticia es vivida como “triste y vergonzante” por la Judicatura uruguaya, es importante recordar que la posibilidad del error y del abuso está contemplada en el diseño mismo del sistema judicial, estructurado en base a controles cruzados e instancias de revisión a cargo de los propios operadores y de los actores del expediente, así como de los otros Poderes del Estado y de los ciudadanos (toda vez que los expedientes son públicos)”, agregaron.