En Ecuador, debido a una "depuración" que impulsa el Consejo de la Judicatura Transitorio, 777 funcionarios judiciales abandonarán sus puestos. De ellos, 182 son jueces y otro importante grupo empleados con más de 50 años. Muchos renunciaron voluntariamente y otros no pasaron los exámenes psicológicos y de conocimiento.
Debido a que las autoridades gubernamentales de Ecuador entendieron que su país atravesaba una emergencia en el plano del Poder Judicial, se creó hace cinco meses el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), un ente encargado de, a través de un plan de 18 meses de duración, reformar cuestiones esenciales para mejorar el servicio de Justicia.
Es en este marco que el CJT llevó adelante una “depuración” de la función Judicial en la que 777 funcionarios y empleados judiciales dejaron sus funciones.
Entre ellos, se encuentran 182 jueces de más de 50 años de todos los fueros (uno de los criterios del Consejo a la hora de señalar quiénes estaban en condiciones de seguir en funciones).
Las cifras totales son las siguientes: de los 777 funcionarios y empleados del Poder Judicial, 93 son mayores de 93 años, 110 tienen más de 65 y menos de 70 años, 184 son mayores de 60 y menores de 65 años y 286 son mayores de 50 y menores de 60 años. Solo 104 funcionarios son menores de 50 años.
A la vez que un gran número de estos trabajadores decidió renunciar voluntariamente, otro grupo aseguró que no fue consultado o informado acerca de la renuncia voluntaria. Más precisamente, el grupo compuesto por los mayores de 64 años, quienes tampoco fueron convocados a rendir los exámenes psicológicos y de conocimiento, dos pruebas que gran parte de los empleados que no forman parte del Poder Judicial ecuatoriano no lograron superar.
Desde el CJT aseguraron que los funcionarios estarán definitivamente fuera del servicio de Justicia una vez que avance el “Plan de desenrolamiento” y el Ministerio de Finanzas haga el giro de las indemnizaciones. A este respecto también afirmaron que ningún monto indemnizatorio supera los 39 mil dólares.
Las evaluaciones, de todas formas, aún no fueron completadas y faltan más resultados con respecto a los llamados “servidores de la Justicia”, que se darán a conocer el próximo 26 de enero.
El trabajo del CJT también consiste en agregar, a la parte que evalúa al personal del Poder Judicial, tecnología, nuevas casas de Justicia (una forma de acercamiento más llana hacia la gente) y la designación de jueces en los fueros que presentaron mayor cantidad de problemas: Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones.
A su vez, ya llevan a cabo la creación de 27 unidades judiciales distribuidas en todo el país, con mayor y menor cantidad de funcionarios en cada una dependiendo de la litigiosidad y la población de cada lugar.