"La vivienda no parece haber mejorado de manera substancial"

El informe realizado por la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto, Raquel Rolnik, consigna que la situación de acceso a la vivienda “no parece haber mejorado de manera substancial”.

El trabajo es el resultado de la visita de la relatora a nuestro país realizada entre el 13 y el 21 de abril del 2011 y cuyo objetivo que tenía era “examinar el estado actual de la realización del derecho a la vivienda adecuada en el país”.

Allí se consigna que el déficit habitacional se gravó desde mediados de la década del 70 y que en los 90 “se implementó una serie de reformas económicas1 con enormes impactos a nivel socioeconómico, y que han agravado aún más la situación de la vivienda”. Asimismo señala que “a pesar de que los indicadores de empleo e ingresos hayan mejorado desde 2001” y que desde el 2003 el Estado invierte “de manera importante en políticas de vivienda”, la situación no mejora.

En este contexto la relatora recomendó “la adopción a nivel nacional de una ley marco sobre el derecho a la vivienda adecuada que incorpore los estándares internacionales existentes en materia del derecho a la vivienda adecuada”. A ello se suma la necesidad de la sanción de una ley que “reconozca la función pública del ordenamiento del territorio” y que se incluya en el Código Civil “el concepto de la función social de la propiedad”.

Es que el informe destaca que “la cuestión de la vivienda constituye una fuente de tensión y conflicto” y consigna que “el importante incremento en el número de desalojos ejecutados en varias regiones del país también ha participado en el deterioro de esta situación; así como el aumento de prácticas discriminatorias en contra de grupos específicos, en particular la población migrante y los pueblos indígenas”.

La situación particular de los pueblos indígenas y de los migrantes mereció un apartado en el informe. Sobre los pueblos indígenas se expresó una “particular preocupación” y se brega para que el país, y todas sus instituciones, implementen “en el tiempo más breve posible y en virtud de la Ley 26160, los programas de regularización de la propiedad comunitaria indígenas respectando el derecho de consulta y participación de las comunidades afectadas”.

Es que las comunidades indígenas de varias provincias del país “siguen siendo desalojadas —a veces con niveles muy altos de violencia—, están bajo orden de desalojo o se encuentran en peligro por intentos de venta de parte de su territorio. Exhortando al gobierno a “respetar la orden de suspensión de cualquier sentencia, acto procesal o administrativo que tuviera por objeto el desalojo de una comunidad indígena (Leyes 26160 y 26554)” y recomienda que “el tiempo de vigencia de esta suspensión se prorrogue hasta que no se finalice, en pleno respecto de los derechos de los pueblos pndígenas, la regularización de la propiedad comunitaria indígena en todo el país”. Con respecto a la población migrante la relatora exhortó a “derogar todo criterio discriminatorio contra la población migrante en materia de adjudicación de vivienda social” y con respecto a las autoridades a “abstenerse de toda discurso estigmatizante en contra de la población migrante, en particular de los habitantes de asentamientos irregulares”.

Como ejemplo de estos “discursos estigmatizantes” la relatora hizo referencia al discurso y conferencia de prensa realizado por el actual jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y la diferenciación que realizó entre los “okupas” (los migrantes) y los “vecinos”(los argentinos) en ocasión de la ocupación del parque Indoamericano en diciembre del 2010.

Los avances de los últimos años en el país son considerados por la relatora como posibilidad para que la Argentina “se encuentra en plena condición de movilizar e implementar un pacto socioterritorial para la implementación del derecho a la vivienda adecuada para todos los habitantes”.