Los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU y de la CIDH instaron a “proteger la libertad de expresión en Internet”. Para los organismos internacionales “las leyes que regulan Internet deben tener en cuenta sus características especiales como herramienta única de transformación”.
En medio del debate por la Ley SOPA - Stop Online Piracy Act- en Estados Unidos y el cierre del sitio web de intercambio de archivos Megaupload, los organismos internacionales se mostraron “preocupados” por la protección del derecho a la libertad de expresión en Internet.
Así lo hicieron saber los relatores especiales para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero Marino, y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue, quienes instaron a Estados Unidos a “proteger enérgicamente la libertad de expresión en Internet”.
Los relatores especiales recordaron en un comunicado que “las leyes que regulan Internet deben tener en cuenta sus características especiales como herramienta única de transformación” ya que “permite a miles de millones de personas ejercer su derecho a la libertad de pensamiento y expresión, además de otros derechos humanos”. También instaron al país del norte a “cumplir las normas internacionales sobre libertad de expresión”.
Además hicieron hincapié en los debates que se llevaron a cabo en el Congreso de Estados Unidos sobre el tratamiento de las dos leyes que pretenden luchar contra la piratería en Internet: la Ley contra la Piratería en Línea (Stop Online Piracy Act - SOPA) y la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual (PROTECT IP Act).
“Si bien estas normas tienen el objetivo legítimo de procurar proteger los derechos de propiedad intelectual, existen serias preocupaciones con respecto a su impacto sobre el derecho a la libertad de expresión”, consignaron y agregaron que “algunas versiones de los proyectos de ley podrían silenciar expresiones que son absolutamente lícitas”.
Tal es el ejemplo de una de las iniciativas, que pretende “crear un procedimiento extrajudicial de "notificación y rescisión", al exigir a los sitios web que controlen el contenido generado por sus usuarios, para identificar violaciones de los derechos de autor, y al permitir que la totalidad de un sitio web pueda verse afectada aun cuando solo una pequeña proporción de sus contenidos se consideren ilícitos”.
Asimismo recordaron que en junio del año pasado, los relatores especiales de la ONU y la CIDH, de manera conjunta con sus colegas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, emitieron una Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet.
En dicha declaración señalaron que “si bien la libertad de expresión, incluso a través de Internet, no tiene carácter absoluto, deben formularse enfoques específicos para responder a contenidos ilícitos que, al mismo tiempo, reconozcan las características singulares de Internet y su capacidad de promover el goce de la libertad de expresión”.
También en la declaración se expresa que “no se debe exigir a los intermediarios controlar el contenido generado por usuarios” y destaca la necesidad de “protegerlos respecto de cualquier responsabilidad, siempre que no intervengan específicamente en los contenidos o cuando se nieguen a cumplir una orden judicial que exija su eliminación”.
Con respecto a la legislación sostienen que esta “no debe incluir definiciones amplias y vagas, ni afectar de manera desproporcionada a sitios web y servicios legítimos”. “Cualquier medida que afecte las expresiones que circulan en Internet, debería concebirse con la finalidad específica de preservar la capacidad singular de este medio para promover la libertad de expresión a través del intercambio libre de información e ideas en forma instantánea y a bajo costo, sin consideración de fronteras”, culminaron.