En la primer jornada de alegatos, la querella pidió veinte años de prisión para el único acusado en el juicio, a quien acusó por el delito de "asociación ilícita agravada"(art. 210 bis del Código Penal), por las actividades que la policía secreta del régimen del dictador Augusto Pinochet, la DINA, llevó a cabo en la Argentina, y de la cual Arancibia Clavel formó parte.
Ese pedido fue unificado con el cargo de "participe necesario en el doble homicidio agravado", ya que según sostuvieron sin su intervención no se hubiera podido cometer el ataque explosivo en el que perdieron la vida el jefe militar chileno y su esposa.
Según señaló el abogado Alejandro Carrió en su alegato, está probado en la causa que Arancibia Clavel se encontraba en Buenos Aires y fue quien preparó el terreno para que el agente de la CIA y de la DINA Michael Townley colocara el artefacto explosivo en el automóvil de Prats "sin que nadie le preguntara qué está haciendo".
En concreto, Carrió aseguró que Arancibia Clavel fue quien "viabilizó el desvío de la custodia de Prats".
Durante algo más de dos horas, el letrado de la parte querellante tuvo en cuenta las confesiones de Townley a la justicia norteamericana que lo interrogó como testigo protegido en la causa por el asesinato en Washington del ex canciller Orlando Letellier.
Carrió barajó también la posibilidad que Townley y Arancibia Clavel no se hubieran conocido en el momento del atentado, tal como el primero le aseguró a la jueza federal argentina María Romilda Servini de Cubría, pero entendió que era más firme su sospecha de que en esa declaración el terrorista hubiera intentado encubrir al ex agente de la DINA. porque después del doble homicidio se "había desarrollado un estrecho nivel de amistad" entre ambos.
Sin embargo, la posibilidad de que los dos no se conocieran por aquella época quedó flotando en la primera parte de la acusación, cuando al explicar el funcionamiento de la "DINA exterior" (tal como denominó a los agentes que actuaban fuera de Chile, persiguiendo opositores) sostuvo que el mismo era por "células" y que sus integrantes no se conocían, salvo casos de necesidad.
Respecto de la importancia del rol que Arancibia Clavel cumplía en nuestro país, el letrado resaltó que era el “único agente civil" que cumplía funciones en la Argentina, y que desde ese cargo también había actuado en actos que se inscriben en el denominado "Plan Cóndor".
De ese modo, Arancibia Clavel estableció los contactos necesario para liberar a Prats de su custodia, y Townley llegó solo "unos días antes" para colocar el artefacto explosivo. "Sin apoyo local hubiera sido imposible", sentenció el abogado, quien señaló que el motivo del crimen había sido el temor de uno de los jefes de la DINA, Pedro Espinoza, quien se había anoticiado que el jefe en el exilio tenía previsto escribir sus memorias.
Pero más abarcativo fue el primer tramo de la acusación, en el cual se detallaron las tareas desarrolladas por la DINA en la Argentina, con la colaboración de las Fuerzas Armadas de nuestro país, por las cuales se producía el "secuestro ilegal y tortura de residentes chilenos, y el asesinato de opositores".
Carrió explicó que la DINA-Exterior era "una asociación ilegal" que "tuvo una permanencia en el tiempo muy superior a la concreción de un delito determinado" y "revestía el mínimo de organización y cohesión de los miembros de los grupos que la integraban".
En ese sentido, explicó que la mayoría de los miembros que la integraban "eran oficiales de las fuerzas armadas chilenas", y enfatizó que "la acción de la organización a la cual pertenecía Arancibia Clavel "contribuyó a poner en peligro la vigencia de la Constitución" argentina, por lo que pidió el máximo de la pena contemplada en el artículo 210 bis, por asociación ilícita agravada, de veinte años de prisión.
Al cierre de esta edición y tras un cuarto intermedio estaba previsto escuchar el testimonio del abogado de las hijas del general Prats, el ex fiscal federal Luis Moreno Ocampo. Según las fuentes consultadas, Moreno Ocampo intentará demostrar en su testimonio que Arancibia Clavel cumplió ordenes de Pinochet y del jefe de la DINA, el general Manuel Contreras.