En la demanda, que fue sorteada y quedó radicada en el juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 a cargo de María José Sarmiento, se solicita la nulidad del decreto 1417/99, que fue publicado en el Boletín Oficial el 2 de diciembre del año pasado, sólo ocho días antes del cambio de Gobierno.
Aunque al asumir, el presidente Fernando De la Rúa, decidió suspender el decreto y volver a negociar las condiciones con la empresa Ferrovías S.A.C. durante 120 días, ese plazo caducó y volvió a entrar en vigencia el decreto cuestionado, dictado por la administración anterior.
Los accionantes solicitaron además una medida cautelar hasta que se resuelva la cuestión de fondo –causas muy complejas que podrían llegar a diez años de duración-. En ella pidieron la suspensión de los efectos de la norma y que se ordene al Ejecutivo que se abstenga de continuar con la renegociación hasta que se evalúe fundadamente la conveniencia de las nuevas condiciones. Además, exigieron “la adecuada participación de los usuarios” y que la administración no aplique “los aumentos adicionales que transfieren lo subsidios a las tarifas, y que están basados en la inflación de Estados Unidos y violan la Ley de Convertibilidad”, según dijo a Diariojudicial.com Jorge Zatloukal, usuario y uno de los accionantes.
Según los demandantes, la causa podría llegar a la Justicia penal, por “ocultamiento de los graves incumplimientos del concesionario” que fueron detectados por dos trabajos de la Auditoría General de la Nación (AGN) y que, según Zatloukal, revelan una “actitud complaciente del concedente”. En las auditorías, el organismo de control, que depende del Poder Legislativo, detectó incumplimientos “en los plazos de ejecución de obras, en la modificación de cronogramas de obras e inversión y en la inobservancia general de las normas de seguridad”. La propia Sindicatura General de la Nación (Sigen), que depende del Ejecutivo, también hizo importantes objeciones al decreto de renegociación.
El contrato se firmó en 1994 (decreto 430/94) y al momento de la revisión estaba a poco más de la mitad de su ejecución. El argumento de Ferrovías aceptado por el Gobierno para encarar la renegociación fue el gran aumento de la demanda de los usuarios por la mejora del servicio luego de la privatización provocó que el contrato no pudiera seguir cumpliendose.
Sin embargo, de acuerdo a lo que explicaron los actores, actualmente los usuarios alcanzan los 22 millones, mientras que en 1969 la demanda alcanzaba los 42 millones. “Con todos los defectos de la gestión pública”, agrega Zatloukal.
Aunque el Poder Ejecutivo tiene la facultad de modificar las condiciones de contratación en aplicación del ius variandi en materia de derecho administrativo, según los demandantes, en el caso se está excediendo lo establecido por el pliego y se vulneran el principio de licitación pública y la ecuación económico financiera, al triplicar el plazo y modificar las tarifas sin dar la posibilidad a nuevos oferentes.
Además, según la demanda, en la renegociación se prolongó por cinco años el régimen de subsidios previsto en la oferta de la empresa, lo que representa aportes del Estado por un total de más de 11 millones, gasto que requeriría de aprobación parlamentaria “que exige la Constitución”.