La Cámara baja bonaerense aprobó una propuesta prevé que las comisiones permanentes deliberen en distintass entidades y organismos de toda la provincia. También se aprobaron medidas sobre la administración de los municipios.
“La idea es estar en sintonía fina con los temas que nuestra sociedad propone, para juntos determinar los canales más directos de participación ciudadana, en aras de profundizar el modelo y resolver los problemas en el lugar donde se encuentran”, aseveró el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Horacio González.
El legislador se refería, más precisamente, al proyecto presentado por él y aprobado recientemente por unanimidad en el que se prevé que las comisiones permanentes del órgano legislativo puedan reunirse en establecimientos, entidades o cualquier tipo de organismos de todo el territorio provincial.
Por eso, y siguiendo con la línea de su proyecto, González explicó que de esta manera se logrará entrar en contacto con la ciudadanía de una manera diferente.
La iniciativa permitirá “observar en los sitios visitados y en forma directa las necesidades, reclamos y sugerencias que surjan de la gente, lo que redundará en una mejor iniciativa legislativa”, señaló el diputado.
Así es que la medida implementada permitirá que la comisión de Salud se reúna en establecimientos asistenciales con médicos; “la de Industria vincularse e intercambiar inquietudes con empresarios o comerciantes, o que la de Educación, en visitas a escuelas, conozca en detalle las situaciones que justifiquen la intervención legislativa”.
Una de las discusiones que se llevaron a cabo en el recinto, a su vez, fue la de la declaración fundamentada de la diputada Fernanda Raverta (FpV) en relación a la desaparición de Carlos Alberto Moreno, el abogado laboral que defendió a trabajadores de la empresa Loma Negra en Olavarría y fue desaparecido por un grupo de tareas.
En tanto, Juan de Jesús, jefe de la bancada oficialista, presentó un proyecto de Ley que fue aprobado y girado al Senado en el que se exime de “responsabilidad legal, económica, administrativa y contable, a los intendentes, concejales y funcionarios municipales que hubiesen dictado actos por los cuales autorizaron aumentos en los sueldos de sus empleados en concepto de bonificación o adicional por antigüedad en una cifra superior al previsto en el Estatuto del Personal Municipal”.
Asimismo, la iniciativa agrega un artículo a la Ley provincial 11.757 para que las bonificaciones “que apliquen los departamentos ejecutivos comprendan tanto a la planta permanente como a la transitoria de los municipios”.