Estudiar tiene sus beneficios

“Está probado que la formación de los condenados reduce significativamente los niveles de reincidencia en el delito”,fueron las palabras con las que el ministro de Justicia, Julio Alak, anunció que se reducirán hasta 20 meses las penas de los presos que estudien a partir de este año ya que se comenzará a utilizar un sistema de incentivos.

El anuncio fue realizado durante el acto de apertura del ciclo lectivo 2012 en las unidades penales del Servicio Penitenciario Federal. Acto realizado en la Unidad Penitenciaria Nº1 de Ezeiza y del que participó el ministro de Educación, Alberto Sileoni la subsecretaria de Gestión Penitenciaria, Laura Lopresti, y el director nacional del SPF, Víctor Hortel, entre otras autoridades.

“La ley 26.695, sancionada por el Congreso de la Nación en julio del año pasado, modificó el régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad”, precisó Alak y agregó que “el artículo 140 de esa norma fija reducciones de hasta 4 meses, acumulables hasta alcanzar un máximo de 20 meses, en las condenas de ‘los internos que completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de posgrado o trayectos de formación profesional o equivalentes’”.

Cabe recordar que dias atrás, la Procuración Penitenciaria de la Nación se había presentado como Amicus curiae en el marco de una causa contra el rechazo del planteo de una detenida solicitando la aplicación del art.140 de la Ley de Ejecución Penal a fin de que se le reduzca el plazo para cumplir con el requisito temporal exigido para acceder al régimen de salidas transitorias y a la libertad condicional.

Allí, la institución guiada por Francisco Mugnolo consignaba la novedad incorporada por la mencionada ley en lo referente al estímulo educativo y la calificó como una medida “capaz de arrojar resultados positivos en cuanto a constituir un eficiente estímulo para la educación”.

Alak, por su parte, explicó que “cerca del 65% de la población carcelaria federal trabaja y percibe el salario mínimo, vital y móvil, lo que ha generado un cambio notable: hasta el año 2003, los internos recibían alimentos que les traían sus familiares, mientras que ahora son cada vez más los internos que ayudan a sus familias a enfrentar sus gastos”. La ley de la que habla el ministro es la 26.695 que sustituyó el capítulo VIII, artículos 133 a 142, de la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad.

La norma establece, en su artículo 133, que “todas las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación pública” y que “el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad indelegable de proveer prioritariamente a una educación integral, permanente y de calidad para todas las personas privadas de su libertad en sus jurisdicciones, garantizando la igualdad y gratuidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones no gubernamentales y de las familias".

En su artículo 140 se introduce el “estímulo ducativo” que estipula que “los plazos requeridos para el avance a través de las distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario se reducirán de acuerdo con las pautas que se fijan en este artículo, respecto de los internos que completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de posgrado o trayectos de formación profesional o equivalentes.

Tal y como lo establece la normativa, la pena para los presos que estudie se reducirá un mes por ciclo lectivo anual; dos meses por curso de formación profesional anual o equivalente; dos meses por estudios primarios; tres meses por estudios secundarios; tres meses por estudios de nivel terciario; cuatro meses por estudios universitarios y dos meses por cursos de posgrado.