El rechazo del Senado provincial de dos pliegos de funcionarios judiciales nombrados por el mismo STJ generó críticas. Y para echar más leña al fuego, sí se dio por bueno el nombramiento de Raúl Tomaselli, el juez de Menores que rechazó el aborto de la niña de 11 años encinta.
Los reclamos se hicieron oír nuevamente. Es que la legislatura entrerriana había sancionado modificaciones al reglamento del Consejo de la Magistratura que mejoraban el sistema de puntajes, ampliando de esta forma las posibilidades de acceder a cargos en el Poder Judicial de parte de los letrados.
Es que, precisamente, por una decisión del Senado provincial, se rechazaron dos pliegos de magistrados nombrados por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, un hecho que generó gran revuelo por la poca frecuencia con la que ocurre este tipo de situaciones, dejando de lado las consideraciones del nuevo reglamento del Consejo.
A pesar de que se aprobaron 19 pliegos de funcionarios judiciales, la decisión de rechazar las dos postulaciones de Pablo Andrés Conti, quien ejerce como suplente en la Defensoría de Pobres y Menores 7 de Paraná, y la de Susana María Amherdt, designada jueza suplente del Civil y Comercial 1 de La Paz, despertaron críticas y posiciones encontradas.
Los cargos que ocupan actualmente Conti y Amherdt fueron otorgados transitoriamente por el STJ de Entre Ríos.
Desde la Cámara Alta, fuentes oficiales afirmaron a medios locales que “no se consideraron satisfactorias algunas de las respuestas vinculadas a casos judiciales en los que actuaron y al funcionamiento del Senado”. Esta situación solo se había dado tres veces desde que los magistrados se eligen a través de la legislatura.
Pero también se suscitaron cruces por la aprobación del pliego correspondiente a Raúl Tomaselli, juez de Menores de Concordia que retiró el pedido de aborto no punible presentado por el caso de una niña de once años violada y embarazada en la localidad de General Campos.
El caso tuvo repercusión a nivel nacional y se realizaron movilizaciones de agrupaciones y organizaciones de Derechos Humanos por la decisión del magistrado.
La Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de Entre Rios denunció en reiteradas ocasiones que "la madre de la niña fue intimidada, presionada, manipulada para que retire el pedido de la interrupción del embarazo".
En definitiva, fueron aprobados cinco pliegos para jueces, nueve para defensores, dos para agentes fiscales y tres para vocalías de Cámara.