Luego del alerta en el fuero la Seguridad Social dada la enorme cantidad de causas que se tramitan, Diario Judicial dialogó con magistrados del órgano judicial conocer su posición. Una situación ´insostenible´ en uno de los fueros más debordados del país.
“En el año 2009 se sortearon 128.650 expedientes; en 2010, 132.981; y en 2011, 133.741”. Eso, teniendo en cuenta también que “el sorteo a Sala desde 2009 a 2011 aumentó en un 77.41% (25.036 expedientes en 2009 y 44.137 en 2011), cuya derivación es la demora en la tramitación de las acciones, circunstancia esta que afecta a un universo de litigantes con edad avanzada”.
Ese es el estado de situación del fuero de la Seguridad Social. Es que hace una semana, los integrantes del órgano judicial emitieron un comunicado tratando de poner de relieve la complicada situación que atraviesan, tanto ellos como los funcionarios y empleados que trabajan día a día en condiciones verdaderamente complicadas, como fue demostrado a través de datos fríos que muestran la realidad de una polémica "caliente".
Ya en julio de 2011, el juez de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Martín Laclau, había advertido en una entrevista con Diario Judicial: “Como en todo el Fuero, esto está en una situación de colapso por la inmensa cantidad de juicios. Es una situación patológica, porque hay una gran cantidad de procesos que en realidad no deberían existir. Se están haciendo arqueos en las tres Salas de la Cámara, todavía falta arquear la Sala II. Yo calculo que deben existir en la Cámara entre 40.000 y 50.000 causas en trámite”.
Es que la Seguridad Social está atravesada por cuestiones elementales que están en boga para los argentinos, principalmente, por los reclamos de liquidaciones jubilatorias. Si bien la Corte aseveró que "Badaro" es un fallo aislado, eso no impidió que a partir del precedente del máximo tribunal nacional los casos se multiplicaran.
"Hay algo que es cierto, la gente en general va tomando conciencia sobre sus derechos, yo creo que esto parte, entre otras cosas, de la publicidad de los medios, que no es mala ciertamente, ya que resulta importante que estas cuestiones tengan su debida difusión", alegó con respecto a este tema en particular Lilia Maffei de Borghi, vocal de la Sala I y vicepresidenta de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Aclaró, nuevamente, que no se refirió a esta publicidad "en sentido peyorativo, se hace saber al ciudadano los derechos con los que cuenta, entre esos derechos se encuentran los que reconoció la corte en "Badaro" uno y dos, que colocan al beneficiario en la situación de mejorar su haber. Entonces, indudablemente, esto traerá aparejado un gran número de causas".
Con respecto a la situación general del fuero, la magistrada aseveró que "nosotros hemos hecho un reclamo constante a la Corte en los últimos años sobre la ampliación edilicia, sobre mayor numero de personal, entre otras cuestiones. Ahora nos han alquilado un edificio de nueve o diez pisos frente al Banco Ciudad en la calle Lavalle donde pretendemos trasladar tres de los juzgados que están en Marcelo T. de Alvear".
"También queremos trasladar allí el cuerpo de contados, la biblioteca, el archivo, para desahogarnos un poco y expandirnos. En este sentido ha respondido bien el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que nos consiguió el edificio", alegó la juez en relación a la respuesta de parte del órgano judicial.
En el mismo orden de ideas, el presidente de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Juan Carlos Poclava Lafuente, agregó que "el colapso está dado por la gran cantidad de expedientes que se tramitan y por el gran número de sentencias que no son cumplidas".
El magistrado afirmó que "cada vez hay más expedientes, eso origina nuevas ejecuciones, nuevas sanciones en causas viejas".
En relación a "Badaro", afirmó que el aumento de casos relativos al respecto aumentaron porque la Corte "dio una pauta general para un caso particular, y todo el mundo se mueve de acorde a esta línea de razonamiento. Si bien puede ser un factor detonante, tampoco se hizo nada para obviar o evitar este tema por otros medios, como sacar una Ley que contemple la liquidación de haberes que se reclama. Todo sigue igual, es la inercia que genera más pleitos".
Así se manifestó también Nora Carmen Dorado, vocal de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social: "Comparto lo que se precisó en el comunicado y lo que expresan mis colegas en todos sus dichos. El fuero está completamente colapsado, no es ninguna novedad".
En este sentido, la magistrada precisó lo que ella considera un principio de solución: "Yo creo que hace falta una mayor creación de juzgados, es la mejor manera para paliar esta situación. Las solicitudes fueron hechas desde hace tiempo y cuentan con la media sanción de los diputados. Ahora falta que se ratifiquen en su totalidad a través del Congreso".
Los cruces con la ANSES
En julio del año pasado, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pretendió elevar a la Corte Suprema de la Nación un pedido de recusación contra el camarista del fuero, Luis Herrero, quien se defendió: "No hay razón alguna para que mi actuación pueda justificar esta avanzada de la ANSES contra el Poder Judicial”.
Esto fue en el marco de la fuerte crisis que afrontó el organismo dirigido por Diego Bossio que, entonces, aseveró que desde la institución no podían afrontar el pago de las más de 300.000 sentencias que habían sido dictadas a favor de los jubilados que pidieron una nueva liquidación de sus haberes.
"Llama la atención el planteo hecho por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Estamos frente a una situación de colapso judicial donde el organismo no está cumpliendo en muchos aspectos con compromisos contraídos internacionalmente con respecto al pago de sentencias", señaló duramente entonces el defensor de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en diálogo con Diario Judicial.
Bossio, en la reunión que mantuvo con los ministros de la Corte Suprema, aseguró que la cantidad de dinero que debía invertir la ANSES para el pago de sentencias ponía al organismo en una situación de "peligro institucional".
A través de Diario Judicial, Herrero se defendió: “La actitud que tomó el licenciado Bossio denunciándome a través de un abogado de la ANSES en el Consejo de la Magistratura, e implícitamente promoviendo un juicio político, me resultó francamente sorpresiva”.
El magistrado afirmó que “con las recusaciones masivas que articuló el organismo en mi contra en la Sala de la Cámara donde me desempeño lograron llamar mi atención”. En este sentido, Herrero afirmó que “mi actuación como juez desde que asumí el cargo en 1989 no ha cambiado, mi pensamiento jurídico expresado en las sentencias o mis manifestaciones públicas tampoco han variado un ápice”.