La Justicia estadounidense elevó un requerimiento donde obligaba a la red social Twitter a brindar información sobre los tweets de un usuario procesado. La empresa se negó defendiendo la privacidad del hombre y se suscitó el debate. Opina a Dju el fiscal de la causa Cuevana, Ricardo Sáenz.
Una frase en hasta 140 caracteres puede desatar grandes revuelos. Puede, incluso, llegar a instancias judiciales. Por eso, al margen de la aparente neutralidad de Internet, la Justicia estadounidense decidió requerir a Twitter los tweets privados de Malcolm Harris, un activista político y miembro del movimiento de los indignados de Wall Street.
Todo comenzó con una manifestación masiva en el puente de Brooklyn, en el estado de Nueva York, en octubre de 2011. Según alegaron desde la fiscalía que investiga el caso, a través de su cuenta en la red social, Harris habría ignorado la orden de no cruzar el puente instando a realizar la acción a sus seguidores. Pero los comentarios que realizó en esa ocasión son privados, por lo que el debate se trasladó hacia quién es dueño de las “frases”.
Así es que el juez se pronunció por requerir la información a Twitter, pero desde la empresa respondieron que el usuario es dueño de esa información. Diario Judicial consultó a Ricardo Sáenz, fiscal del caso Cuevana, acerca de su opinión al respecto.
“Creo que hay muchísimas cuestiones en torno a la función y responsabilidad de las páginas web que aún no están reguladas y, ante estos casos, es notorio que se necesita algún tipo de normativa que especifique más qué nivel de culpabilidad se podría establecer en un caso semejante”, aseveró Sáenz.
En esta línea de razonamiento, agregó que “uno podría decir que los tweets son propiedad de quien los escribió y sería una aseveración netamente cierta, son de su autoría, sobre todo tratándose de una red social, donde crear un usuario es una tarea sumamente sencilla, tanto como comenzar a usar la cuenta”.
“Pero de todas formas, y aunque los autores puedan ser los dueños de la cuenta, eso no quita lo controversial del tema porque”, enfatizó, “la falta de regulación específica hace que el tratamiento de estas cuestiones sea realmente problemático”.
Para la empresa el razonamiento, si bien no fue corto (el documento presentado ante la Justicia tiene 32 páginas), es simple: el usuario que twitteó es responsable de ello, no la red social. Por eso, el requerimiento de la fiscalía por el pedido de información resultaba improcedente.
En tanto, desde la American Civil Liberties Union (ACLU), una organización de derechos civiles estadounidense, aseveraron que “es importante instar a estas empresas -de las que cada vez dependemos más- a hacer todo lo posible por proteger la libre expresión de sus usuarios, y a proteger su privacidad. Por lo mismo, es importante que el público, y otros actores, conozcan a quienes verdaderamente dan un paso al frente para proteger a sus usuarios.
“Twitter ha actuado con rectitud en esta causa, y merece un aplauso. Esperamos que otras empresas actúen de la misma forma. Nuestra libertad de expresión podría depender de que sigan los pasos de Twitter", aseguraron desde la entidad.
En relación a la acción de la empresa, Sáenz opinó que “a mí me parece bien que se nieguen a brindar los posteos del usuario. Pero de todas formas, es una reserva muy rara la del caso, dado que son cosas publicadas en una red social. También sería interesante que desde estas empresas no se viole la privacidad e información de los usuarios, al margen de que existe otro grave problema que es el de las cuentas falsas por lo que un caso como este se puede convertir en un verdadero laberinto”.
En forma más general, el fiscal opinó que “las webs de redes sociales no están reguladas para nada, son una novedad que se hizo muy masiva en poco tiempo. El Estado tendría que comenzar a poner pautas al respecto, creo que de manera urgente, porque cada vez resulta más engorroso atender causas de este tipo”.
También agregó que existen “pocos elementos legales” en nuestro país para combatir o hacer frente a las cuestiones relacionadas con Internet. Sáenz recordó al respecto “la cuestión relativa a la responsabilidad de los buscadores. Sucedió en numerosos casos que modelos o actrices de televisión iniciaron juicios porque cuando ingresabas su nombre en el buscador aparecían asociadas a páginas pornográficas”.
En este respecto opinó que “habría que hacer una Ley para regular el ciberespacio. En la actualidad existe el llamado Proyecto Pinedo, donde se contemplan límites en la responsabilidad de los buscadores y de las empresas que prestan el servicio de Internet”.