Twitter debió revelar los datos de un usuario por orden de un juez. Se trata de una persona que utilizaba varias cuentas del sitio para difamar a funcionarios de un municipio británico. DiarioJudicial.com habló con los abogados constitucionalistas Daniel Sabsay, Gregorio Badeni y Roberto Boico para conocer sus opiniones al respecto.
South Tyneside es una localidad inglesa que queda 400 kilómetros al norte de Londres. Allí, un grupo de concejales del municipio era criticado por su desempeño en la función pública a través de cinco cuentas de Twitter.
Esto motivó una denuncia por parte de los funcionarios cuestionados por el usuario anónimo, que llegó hasta la Justicia del Estado California, en Estados Unidos, ya que ahí está radicada la empresa.
Puntualmente, los concejales querían conocer la identidad del administrador de las cuentas @fatcouncillor, @cllrdavidpotts, @councillorahmedkhan, @councillorkhan y @ahmedkhan01 ya que sospechaban que se trataba de un concejal opositor.
La empresa accedió a revelar la información que pedía la Justicia. No es la primera vez que Twitter recibe este tipo de requerimiento. Antes, el Gobierno norteamericano había solicitado conocer la identidad de determinadas personas relacionadas con Julian Assange, el líder de WikiLeaks.
En la política de privacidad explicitada en su sitio, Twitter advierte que puede "revelar su información si creemos que es razonablemente necesario para cumplir con una ley, reglamento o requerimiento legal, para proteger la seguridad de cualquier persona, para abordar el fraude, la seguridad o asuntos técnicos, o para proteger los derechos de Twitter o su propiedad".
DiarioJudicial.com consultó a abogados constitucionalistas para conocer su opinión al respecto.
Daniel Sabsay explicó que “ningún derecho es absoluto, por eso no es preciso afirmar que se violó la reserva de la identidad del usuario que publicó los comentarios ofensivos contra los funcionarios. Sobre todo teniendo en cuenta del uso que el sujeto hace de la red social, ya que, de esta forma, sus acciones pueden hacer que parte de sus derechos cedan”.
También precisó que “la persona que hizo los comentarios hizo un abuso de la intimidad que posee al crear una cuenta en la red social para producir un daño”.
Finalmente, opinó que “en este caso hay que tomar en cuenta la opinión del juez, que le dio mayor jerarquía al buen nombre o al modo en que llevaban a cabo sus funciones las autoridades del municipio. La actitud del cibernauta debe haber sido tan abusiva que los funcionarios tuvieron que recurrir a la Justicia”.
Asimismo, Roberto Boico respaldó la opinión alegando que “la información que circula en la red se puede aportar a la Justicia sin que eso implique la vulneración de algún derecho de los usuarios. De todas formas, los datos de Internet están protegidos, y para solicitar información se precisa de una autorización judicial”.
Boico también consideró que “este es un caso de requerimiento de cooperación de ordenamiento procesal penal”.
En la política de privacidad explicitada en su sitio, Twitter advierte que puede "revelar su información si creemos que es razonablemente necesario para cumplir con una ley, reglamento o requerimiento legal, para proteger la seguridad de cualquier persona, para abordar el fraude, la seguridad o asuntos técnicos, o para proteger los derechos de Twitter o su propiedad".
A este respecto, Gregorio Badeni dijo que “no se vulnera el derecho a la reserva de identidad del usuario desde el momento que sale del ámbito de su derecho a la privacidad”.
“La red social no tiene la obligación de brindar la información pero puede ser otorgada. La persona puede invocar algún derecho de confidencialidad, si es que la página brinda alguno, pero no hay inconvenientes que impidan a Twitter brindar los datos que posee”, aseveró Badeni.
De todas formas, también consideró que “una persona puede estar transmitiendo mensajes críticos con respecto a funcionarios pero no por eso va a estar cometiendo un acto ilícito civil o penal”.