22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

Julio Piumatto

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"El Servicio de Justicia, hoy por hoy, no responde a las necesidades de la gente", aseguró Julio Piumatto.

El secretario General de la UEJN., Julio Piumatto, ratificó el "juicio crítico" de su gremio y dijo que "hoy por hoy" el servicio de justicia no responde a las necesidades de la gente.

El Secretario General de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Julio Piumatto, aseguró que el servicio de Justicia "no responde a las necesidades" de la gente, y que existe "un ahogo presupuestario que no acompañó el crecimiento" de ese Poder del Estado.

En un reportaje que le concedió al Diario Judicial, el dirigente sindical del gremio de los trabajadores de la Justicia (UEJN) calificó de "injusto" el descrédito en que ha caído la Justicia en su conjunto.

"Hay muchos jueces - advirtió - que en condiciones desfavorables vuelcan toda su creatividad para cumplir con el rol que la sociedad le ha mandado".

Respecto de la situación por la que atraviesa la Justicia hoy, Piumatto explicó que la creación de nuevos tribunales,"con niveles importantes de remuneración que tienen los jueces de cámara, evidentemente encarecieron en forma geométrica los gastos de la Justicia".

Señaló también que esos gastos "no repercuten en mejores condiciones de trabajo para el conjunto del personal, porque pasaron a trabajar casi con un menor presupuesto".

"Hace cinco años que la Justicia vive un ahogo presupuestario que no acompañó el crecimiento que la Justicia ha tenido", sentenció a la vez que aclaró que la UEJN ha tenido "un juicio crítico, porque somos los que más sufrimos".

Respecto del sistema de ingresos a la Justicia, Piumatto estimó que el mismo "debe democratizarse" a través de concursos".


Diario Judicial: ¿A quiénes representa la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación?

Julio Piumatto: A todos los trabajadores judiciales de todo el país, del Ministerio Público de la Nación, compete también a los trabajadores de la Justicia de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, y representa a los trabajadores judiciales del poder judicial de Tierra del Fuego. Aproximadamente son cerca de 20 mil trabajadores, tanto de la Justicia Nacional como de la Justicia Provincial.

Dju: Su gremio se ha manifestado con numerosas marchas de protesta

JP: Nuestra tarea es reivindicativa y está comprometida con el futuro de la justicia. Entendemos que ninguna de nuestras reivindicaciones son válidas, si no demuestran que benefician el servicio de justicia. Nuestro gremio está comprometido en conseguir una mejor justicia para la gente. Todas aquellas cuestiones que la justicia no puede resolver, toda la ineficacia que tiene la justicia comprometen nuestro juicio crítico hacia la justicia, porque somos quienes más sufrimos.
En otra época trabajar en el Poder Judicial era casi un símbolo de prestigio, hoy con la falta de credibilidad prácticamente es un dolor adicional que tienen los trabajadores judiciales que se suma a las peores condiciones de trabajo. En los últimos años si bien puede demostrarse que se está gastando más en justicia en términos nominales la realidad es diferente. Hace 5 años que la justicia vive un ahogo presupuestario que no acompañó en materia de presupuesto, el crecimiento que la justicia ha tenido. Fundamentalmente lo que ha encarecido mucho a la justicia es una de las reformas que se vio como la más positiva, como la organización de procedimiento penal. Toda mejora en la justicia implica un mayor costo, en ese caso la existencia de la creación de nuevos tribunales, muchos de ellos colegiados, con niveles importantes de remuneración que tienen los jueces de cámara, evidentemente encarecieron en forma geométrica los gastos de la justicia. Aunque no repercutieron en mejores condiciones de trabajo, para el conjunto del personal porque pasaron a trabajar casi con menor presupuesto. Las condiciones no solo se ven en materia salarial de personal sino también en los edificios, muchos de los cuales carecen de las mínimas condiciones de seguridad y de la falta de elementos de trabajo.

Dju: ¿Se ha invertido en tecnología?

JP: Se han hecho inversiones importantes desde el punto de vista de la modernización como en materia de informática pero ha sido costoso.

Dju: ¿Cómo definiría al actual servicio de justicia argentino?.

JP: Pienso que hoy por hoy, no responde a la necesidad de la gente. En primer lugar por la falta de independencia de estamentos muy importantes de la justicia argentina. En segundo lugar el descrédito que ha caído por culpa de ciertos magistrados, el conjunto de la magistratura argentina. Creemos que es injusto, porque hay muchos jueces, que en condiciones desfavorables vuelcan toda su creatividad para cumplir con el rol que la sociedad le ha mandado. Como siempre los casos paradigmáticos que han tomado estado público terminan salpicando la idoneidad, creemos que todavía sigue siendo, de la mayoría de los jueces. En estos diez años, el salario de los magistrados alcanzó niveles respetables para la realidad económica argentina. Esto no generó la incorporación a la justicia de mejor calidad de magistrados, sino que privó mucho más la vinculación política de los candidatos a quienes definía el ingreso a la justicia, que su idoneidad. Esperemos que con estos concursos de este nuevo sistema que empieza con el Consejo de la Magistratura represente una mejora sensible en el nivel de ingreso. Eso lo veremos no por la formalidad a través de los concursos, sino a través de la realidad de cuales son los resultados de esos concursos que empiezan a realizarse a partir de diciembre.

Dju: ¿A su criterio, debe modificarse el ingreso de los magistrados a la justicia?

JP: Cuando hablamos de los jueces, estamos refiriéndonos a recursos humanos, que es una de las claves que hacen al funcionamiento judicial. En materia de empleados, creemos que debe modificarse el sistema de ingreso. Debe democratizarse el ingreso a la justicia, con un istema de concurso que permita no solamente que los parientes o aquellos que están relacionados al quehacer judicial puedan ingresar a la justicia sino que puedan ingresar los más idóneos fundamentalmente.
Si analizamos los padrones de personal, en algunos fueros vemos claramente y en los cargos gravitantes, como se repiten los mismos apellidos en una suerte de casta en algunos estamentos. Esto no tiene que ver con la afirmación de que es un poder independiente y un poder democrático en la argentina como debe ser el Poder Judicial. Eso propugnamos en estos diez años aunque no tuvimos eco en este tema, también propugnamos el ingreso por concurso al Poder Judicial de la Nación. Hoy los únicos que dan examen de ingreso, son los ingresantes a la Justicia Nacional de Trabajo, pero en el resto de los fueros se sigue entrando por la recomendación la influencia y en algunos casos es el derecho de piso que tienen que pagar los meritorios. Trabajar dos o tres años gratis para ganarse el derecho de ser designados en un cargo.

Dju: ¿Como se logra mejorar el nivel de justicia?.

JP: El mejoramiento de la justicia pasa por dos situaciones fundamentales, la infraestructura y las herramientas procesales. La infraestructura son los fondos con los que se cuenta. En ese aspecto vemos que la justicia está abandonada, en cuanto al aporte presupuestario. Es de conocimiento público que ahora se recorta. Es el primer presupuesto que elabora el Consejo de la Magistratura. Si nos atenemos a la trascendencia y la expectativa que se generó con este nuevo organismo, vemos que la práctica fue nada más que expectativas pero que en los hechos no se le ha dado la importancia que tendría por lo menos en los anuncios. El primer presupuesto que se elabora en el Consejo por lo menos tendría que haber sido analizado en el Congreso de la Nación. Sin embargo como pasó en los últimos años el gobierno nacional recortó ese presupuesto de acuerdo a sus propias pautas y no fue el Congreso el que tuvo que discutir entre la formulación hecha por un poder independiente como la Justicia y el criterio general que podía plantear el gobierno en torno al presupuesto. El presupuesto elaborado por el Consejo es de 811 millones de pesos, y el que comenzó a elaborarse por el Poder Ejecutivo es de 574 millones. Son 237 millones menos. Cuestión trascendente porque hace a cuestiones impostergables en temas de justicia.



maría laura morales / dju
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