La causa quedó radicada por sorteo en el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 13, a cargo de Ana María Bulacio Rúa, por los delitos de violación de domicilio en concurso real con el de daños, ya que no existe en el código penal la tipificación del espionaje, a diferencia de gran parte de la legislación comparada.
Ibarra aclaró en su denuncia que “las tipificaciones no alcanzan al hecho principal consistente en la intromisión clandestina e ilegítima”, aunque consideró que “esta clase de hechos amerita la investigación penal de los delitos conexos”.
En el despacho de Ibarra se localizaron dos pequeños transmisores ambientales empotrados en el interior del escritorio y conectados a la red telefónica. Según la denuncia, a la que tuvo acceso Diariojudicial.com, desde la caja telefónica partía un sistema de cableado para audio que recorría todo el perímetro del despacho, disimulado por debajo de la alfombra y por entre los zócalos, llegando a una sala contigua de descanso. Así, salía hacia la superficie como cables telefónicos.
La opinión de los expertos que trabajaron en el despacho de Ibarra comprueba la complejidad y capacidad de quienes espiaron al jefe de Gobierno. Los micrófonos son de tipo “cápsula para instalación por medio de cableado, para cuya colocación se debió contar con no menos de dos personas y varias horas de labor”, dijeron los especialistas.
Además, se descubrió en la puerta de la oficina, detrás de un zócalo de madera, un transformador con capacidad para alimentar hasta cuatro microcámaras de video, cuyo cableado pasaba por varias dependencias de la Jefatura hasta llegar incluso al despacho de Cecilia Felgueras, la vicejefa de Gobierno.
El hecho de que aun no se hayan encontrado las videocámaras, hace sospechar a Ibarra que se estaba trabajando en su instalación en la actualidad. Al respecto, Lopez explicó ante los periodistas, luego de radicar la denuncia, que fue un trabajo realizado “por gente que tiene el know how suficiente”, con lo que confirmó la sospecha del jefe de Gobierno de que no se trata de improvisados.
Según López, “la principal preocupación es que quede como un hecho folklórico no punible”. Por eso, el Ejecutivo de la Ciudad decidió enviar un proyecto a la legislatura para que al menos se incorpore el espionaje al Código de Convivencia como una contravención grave “como mínimo”, con inhabilitaciones especiales “que al menos tengan efectos en el ámbito de la Ciudad”.
El espionaje en la oficina de Ibarra fue descubierto a partir del aviso del Director General de Verificaciones y Habilitaciones de la Ciudad, Horacio Spandonari, que había encontrado dos micrófonos inalámbricos ocultos en su despacho. Por razones de seguridad, la Jefatura de Gobierno contrató a la empresa privada AVE Tecnología de Seguridad, una revisión completa de las dependencias del Ejecutivo local.
En la denuncia, Ibarra solicitó como medios de prueba para esclarecer los hechos que se reciba la declaración testimonial de los empleados de la empresa AVE y de Spandonari, que fue testigo de la investigación realizada en el despacho del Jefe de Gobierno. Además, informó que están guardados en caja fuerte los elementos encontrados y el informe de los técnicos. Todos estos elementos, según López serán entregados a la jueza cuando se los cite a ratificar la denuncia.
Al descubrirse la operación de espionaje, todas las miradas apuntaron a la SIDE. Sin embargo, el flamante titular del organismo de inteligencia, Carlos Becerra, descartó que se haya tratado de una operación de dependientes suyos, aunque aseguró que se realizaría una investigación.