El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes apercibió a un juez civil por el uso “arbitrario de su poder como magistrado”. Fue debido a que echó a una secretaria del despacho y le prohibió la entrada al edificio sin un sumario previo. La mujer lo denunció alegando que fue presionada para firmar un acta que contenía muchas falencias.
“El Juez (…) es el primero que debe velar por el correcto funcionamiento del servicio de justicia, por lo que para el caso de que hubiera existido alguna denuncia o cuestionamiento sobre la actuación de la secretaria (…) debió resolver a través de los procedimientos previstos en las normas reglamentarias de la materia, con la debida participación de la funcionaria, en el entendimiento de que cualquier falta en el ejercicio de la función presupone un procedimiento administrativo como garantía del derecho de defensa.”
“Pero no pudo actuar por vía de hecho y mucho menos implementar mecanismos extremo”, entendieron los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en un caso en el que apercibieron al titular del Juzgado Civil y Comercial 8 de esa provincia, Mario Antonio Fernández Corona, por el uso “arbitrario de su poder como magistrado”.
Es que el juez decidió echar a una secretaria que trabajaba en su despacho de manera arbitraria. La afectada lo denunció alegando que, en primer lugar, fue presionada psicológicamente para firmar un acta que contaba con muchas falencias. Asimismo, señaló que el accionado ordenó a la actuaria y las relatoras a que se llevaran de su escritorio los expedientes con los que ella estaba trabajando.
También ordenó que le prohibieran el ingreso al edificio del fuero Civil donde estaba ubicado el Juzgado durante el horario vespertino. En estos términos, la afectada precisó que no se realizó ningún proceso sumarial en su contra que justificara la actitud, simplemente se le prohibió la entrada a su despacho y se le comunicó que ya no ejercía funciones.
En su defensa, el juez aseguró que su decisión se debía a la “permanente actitud de provocación” de parte de la empleada, a lo que se sumaba su pretensión de “tratar de saltear las reglas internas que se establecieron para un mejor y armónico funcionamiento del juzgado”. Además, dijo que su desconocimiento del Derecho era lo más grave.
Desde el STJ dieron por acreditada la denuncia de la secretaria y consignaron que en el caso hubo un claro exceso de las atribuciones del magistrado y su poder, agregando en este sentido que “al tomar la decisión de que la secretaria no prestara más funciones, quitarle el despacho y la asignación de funciones, actuó bajo una vía de hecho incompatible con el ejercicio de su cargo, apartándose de las normas legales y reglamentarias de la función judicial”.
Desde el máximo tribunal provincial enfatizaron que se dio por probado “un claro abuso de facultades sin respaldo normativo legal ni reglamentario alguno” y que ese tipo de situaciones no podían permitirse ni tolerarse. Sostuvieron, a su vez, que el juez carecía de toda competencia “para avanzar y disponer medidas que significaran la extinción del vínculo de empleo judicial o que afecten su condición de Funcionario Judicial”.
También hicieron un llamamiento acerca de los límites de obediencia para los funcionarios y empleados del juzgado, “puesto que en el caso, podría haber existido el cumplimiento de órdenes ilegítimas por parte de secretarios y empleados judiciales”. Entendieron que, naturalmente, hay un deber de obediencia por las jerarquías de los entes y poderes públicos, pero que “es de toda evidencia que encuentra límites”.
En último orden, además de apercibir al juez, ordenaron la inmediata reincorporación de la secretaria a su puesto en el Juzgado.